Cuando este mediodía la jueza de control Sandra Sánchez Covarrubias dictó el auto de vinculación a proceso a Milton Arturo Romero González, lo explicó de la siguiente manera, palabras más, palabras menos: no es razonable que el ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Juan López Salazar recibiera millonarios préstamos de un particular sin que haya el correspondiente soporte documental, sin que se formalizara un contrato puesto que López no actuaba como persona física, sino como rector, por lo que debería existir un respaldo, al menos para acreditarlo ante la Secretaría de Hacienda o frente a una auditoría del entonces Órgano de Fiscalización Superior (OFS), ahora Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN).
Durante una audiencia celebrada al mediodía de este martes y que duró poco más de dos horas, el auto de vinculación en el expediente 1554/2017 fue dictado por los probables delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y enriquecimiento ilícito, los dos primeros como cómplice o auxiliador de López Salazar, actualmente prófugo.
La defensa particular de Romero González, que pidió la no vinculación, basó sus argumentos citando, principalmente, que en el 2015 el entonces rector sí fue autorizado y tenía facultades para adquirir préstamos, incluso con particulares, y así sucedió con ABC Capital y Banco Interacciones, además del ahora imputado, que prestó 310 millones de pesos, recurso que, insistió, fue alojado en una cuenta concentradora de la UAN, en Banamex.
El defensor, que respaldó parte de sus expresiones en las entrevistas que en su momento y por separado rindieron la ex secretaria de Finanzas de la UAN Marcela Luna López, y por Claudia Esthela Santana Ibarra, ex directora de Finanzas, se refirió a 11 transferencias realizadas entre el 30 de abril (seis de ellas) y el primero de diciembre (tres) del 2015, en que Milton Arturo, su esposa, su hija y su cuñada remitieron los 310 millones de pesos a la Universidad, por lo que los más de 13 millones de diferencia respecto al total que se ventilan, de 323 millones 452 mil 952.40 pesos, corresponden al pago de intereses.
De igual forma, se confirmó que esos más de 323 millones fueron depositados por la Universidad a un concuño de Milton Arturo -ya vinculado a proceso-.
Según el litigante, ya si la Universidad tomó recursos del subsidio federal o del ramo 33 para pagar los préstamos, es algo que no debe atribuírsele a su defendido.
Por su parte, la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que insistió en la vinculación, solicitó que se tomara en cuenta la relación y parentesco de los familiares de Romero, mencionados entre quienes depositaron o recibieron las millonarias sumas de dinero.
La Fiscalía le da mayor importancia al dicho de Luna y de Santana cuando se refieren a que Juan López asumió el control administrativo y les daba indicaciones para realizar los mencionados depósitos.
La agencia ministerial advirtió que la UAN hizo un primer depósito al concuño de Milton el 13 de marzo del 2015, por más 50 millones de pesos, casi mes y medio antes de que la Universidad recibiera el primer préstamo.
De igual forma, anunció que producto de los amparos que han sido tramitados, un Juzgado de Distrito dio vista al agente del Ministerio Público Federal para que se indague el origen de esos recursos.
Y si la defensa reclamó que la Fiscalía ha presentado a Romero “como un criminal”, la agencia ministerial respondió que en ningún momento se le ha señalado “como culpable”.
– Soy inocente –indicó el imputado, cuando la jueza le preguntó si haría algún comentario.
A su espalda, de pie, siempre permanecieron dos policías estatales. Y otros dos en la zona destinada al público.
De acuerdo con Sánchez Covarrubias, le llama la atención que el dinero empezó a salir de la Universidad, a la cuenta del concuño de Milton Arturo, antes de que se efectuara el primero de los préstamos, por lo que, a su parecer, no se encuentra justificación al millonario manejo de los recursos, insistiendo que no es razonable la falta de soporte documental para efectuar las transferencias por tan grandes cantidades.
La jueza anunció un plazo de tres meses de investigación complementaria.
Las partes están en derecho de presentar algún recurso contra la resolución anunciada.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
