Tepic.- Cuando este mediodía el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Ismael González Parra, emitió un posicionamiento de deslinde de lo que parece ser un mayúsculo fraude y otros delitos en el que estarían involucrados funcionarios de la institución, fue acompañado por otros 10 magistrados: Miguel Madero Estrada, Román Carlos González Momita, Ana Isabel Velasco García, Pedro Álvarez Hormaeche, Rocío Esther González García, Roberto Arturo Herrera López, Miguel Ahumada Valenzuela, Alfredo Becerra Anzaldo, Zaira Rivera Véliz y Francisco Javier Rivera Casillas.

En cambio, estuvieron ausentes los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto, Raúl Gutiérrez Agüero, Rafael Pérez Cárdenas, Jorge Ramón Marmolejo Coronado, Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar y Thoth Aldrin Lomelí Aguilar.

La fractura es evidente, y si bien ello viene de tiempo atrás, el argumento ahora es un hecho de corrupción que amenaza con alcanzar los niveles más altos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y que, como lo anunció el propio González Parra, ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de miles de créditos del INFONAVIT, otorgados en varios estados del país, pero que, por situaciones que aún no se precisan, formaron parte de demandas radicadas en juzgados de Nayarit, uno de ellos el de Compostela, sin que los ofendidos hubieran sido notificados puesto que desconocían tales juicios. Se estima que durante la transa, entre 10 mil y 12 mil personas habrían perdido el respectivo crédito.

De manera extraoficial se conoce que desde hace meses la Procuraduría General de la República (PGR) inició por separado una investigación que incluiría a funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, abogados y empleados del propio INFONAVIT.

En los últimos días se han realizado diversos cateos que habrían arrojado evidencia documental que probarían como se efectuaba la operación ilícita.

Una pregunta que cobra fuerza es por qué esas demandas eran admitidas en juzgados de Nayarit si los créditos se suscitaban en otros estados. ¿Quién daba la orden?

Por lo pronto, la división entre magistrados resulta notoria. El propio Ismael González dejó entrever en su mensaje que el consenso en torno a la presidencia que encabeza desde el uno de octubre inició con los 11 magistrados ya citados –a la que después se sumaron los otros seis-, y que la primera acción fue cambiar a jueces que tenían hasta ocho años en el mismo lugar, posiciones que, añadió, ahora se otorgan con base en concursos de oposición.

La referencia crítica resulta obvia, puesto que el magistrado Enríquez Soto duró precisamente ocho años como presidente.

Si bien González Parra consideró que no es momento de hacer señalamientos, añadió que si las investigaciones conducen a la probable responsabilidad de magistrados, jueces, secretarios o notificadores, se deberá sancionar con todo rigor.

El que 11 magistrados aparezcan, en voz del presidente, para deslindarse del asunto, parece adelantar que serán inminentes las acciones contra altos funcionarios del Poder Judicial y que conocerían mensajes claros sobre ello. Y es que no se entendería de otra forma puesto que no es la primera ocasión que se señalan probables actos corruptos y que antes no merecieron un deslinde de este tipo.

Por otra parte, la aceptación de que hubo jueces que duraron hasta ocho años en el mismo lugar, sin rotación, confirma entonces la responsabilidad de todos los magistrados como integrantes del Consejo de la Judicatura que omitieron tomar decisiones en ese sentido, además de traer nuevamente la figura del ex fiscal Édgar Veytia, que, era del conocimiento público, decidía la ubicación de jueces.

 Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com

Poder Judicial de Nayarit se deslinda de estas acusaciones: