La aún magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Catalina Ruiz Ruiz busca aferrarse al cargo, frente a la embestida del Congreso del Estado que mediante juicio político pretende separarla de sus funciones.

El pasado 31 de diciembre, la magistrada presentó ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo, un juicio contra el Congreso del Estado “por conducto de la Comisión Especial de Gran Jurado, Sección Instructora”.

Unos días antes tramitó otro amparo, ante el Juzgado Primero de Distrito, contra la Comisión de Justicia del propio Congreso, reclamando que no se le dio contestación a las peticiones de fechas cinco y seis de diciembre en las que solicitó la caducidad de los juicios políticos con número JP/CE/03/2017 y JP/CE/05/2017.

Como es del dominio público, el 20 de diciembre el Congreso del Estado, convertido en Jurado de Acusación, se pronunció a favor de la destitución de la magistrada e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante cinco años y nueve meses, a través del juicio político JP/CE/03/2017, aunque el procedimiento aún no concluye.

El caso se centra porque a principios de mayo del 2017, la magistrada concedió, aparentemente de manera irregular, una suspensión a favor de 310 comerciantes ambulantes para que se instalaran en la Plaza Principal de Tepic con motivo del Día de las Madres.

¿Y “MUNDITO”, CUÁNDO?

Un dato que conviene registrar es que el juicio político contra la magistrada fue reiniciado después de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió procedente un recurso de reclamación del Congreso del Estado, en contra de la admisión de una controversia constitucional de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Que el Congreso esté procediendo contra Catalina, permite intuir que por la vía de juicio político probablemente no arremeta contra los otros tres magistrados: Jesús Ramírez García, Raymundo García Chávez “Mundito” y Agustín Flores Díaz; es decir, no en paquete.

Sin embargo, como ya fue citado en una nota anterior por este reportero, el caso de Mundito deberá atenderse de manera distinta: mediante una solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el Congreso le retire el fuero, a fin de llevarlo a un juicio por el probable enriquecimiento ilícito.

García Chávez, quien fuera secretario del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, amasó una fortuna que alcanzaría decenas de millones de pesos a través de diversos bienes, casas en Tepic, carros de lujo, departamentos. La mayoría de esos inmuebles fueron inscritos a nombre de su mamá Juventina Chávez Martínez, entre los que destaca una propiedad en el Condominio Maestro Flamingos, en el municipio de Bahía de Banderas, por el que en el año 2014 fueron pagados 590 mil dólares.

En el último año, Mundito ha mantenido una constante lucha jurídica contra la Fiscalía y el Congreso del Estado, especialmente por el aseguramiento de los inmuebles y contra un juicio político.

Desde que se cayó la controversia ante la Suprema Corte, Mundito sabe que está en la mira.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com