El Poder Judicial de Nayarit vive la peor y más triste noche de su historia. La de este jueves 24 de enero.

Y el hilo se ha reventado por lo más delgado.

La aprehensión de los notificadores de juzgados Eusebio “N” “N” (Xalisco) y Elba “N” “N” (Compostela), así como la de un abogado particular identificado como Saulo “N” “N”, bastó para que en la primera audiencia se revelaran datos que arrojan lodo, arrasan por parejo y, según parece, alcanzará a más.

Si: se trata de lo que hasta el momento muestra la investigación por el caso ya conocido de miles de demandas ficticias a nombre del INFONAVIT, en agravio de acreditados de diversos estados del país que habrían caído en cartera vencida, un asunto que también investiga la Procuraduría General de la República (PGR) y el propio INFONAVIT.

Entre los datos de prueba anunciados por la agencia ministerial que representó a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, según el expediente 101/2019, hay aspectos que calan profundo en lo que significa el Poder Judicial.

Según se anunció, los cateos efectuados a partir del pasado 10 de diciembre –y que continuaron uno o varios días más- en las oficinas aseguradas de avenida Juárez entre Ures y P. Sánchez, frente a la Sección 20 de maestros, y las de la esquina de San Luis y Juárez, no sólo condujeron al hallazgo de dos fábricas, una de demandas ficticias, y la otra de escrituras que firmaba el notario público Antonio Humberto Herrera López, con oficinas en San Blas.

En la etapa de imputación y ante el juez de control Filiberto Rojas García, una agente ministerial aseguró contar con datos de que el magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado y los jueces –ahora suspendidos- Braulio Meza Ahumada (Xalisco), Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez (ambos, Bahía de Banderas), recibieron diversas sumas de dinero por parte de abogados del despacho externo del INFONAVIT.

A decir de la representación de la Fiscalía, el 10 de enero del 2018, Marmolejo Coronado habría recibido un millón de pesos. Para el caso de Meza Ahumada, en cuatro entregas efectuadas durante el 2017, se asegura que recibió un millón 500 mil pesos, en tanto que Justino y Baldomero 100 mil pesos cada uno, en diciembre del 2017.

Más adelante, al pasar a la etapa de vinculación a proceso, la agencia ministerial hizo alusión al aseguramiento, durante los cateos, de una agenda en la que se encontró la cita anterior; es decir, el control que se tenía de los supuestos sobornos. Por ejemplo, se mencionó, más específico, que en el caso del “lic. Jorge” se le entregó “un kg”, mientras que a Braulio “mil 500”, en tanto que a Justino y Baldomero “100”. Un dato adicional es que, se anunció, los dos primeros habrían enviado mensajes por celular a alguna persona para confirmar que recibían el dinero.

Igualmente se mencionó que varios secretarios de acuerdos han confirmado, en entrevista ministerial, que recibieron 20 mil pesos –al menos así lo citaron algunos adscritos a Bahía de Banderas-, lo que entendieron como un apoyo por firmar numerosas actuaciones que ellos no realizaban, sino que únicamente se les llevaban.

Como es del conocimiento público, el 11 de diciembre, en pleno auge los operativos de cateo, el magistrado presidente del Poder Judicial Ismael González Parra emitió un posicionamiento para deslindarse de la tormenta que ya se avecinaba; fue acompañado por los magistrados Miguel Madero Estrada, Román Carlos González Momita, Ana Isabel Velasco García, Pedro Álvarez Hormaeche, Rocío Esther González García, Roberto Arturo Herrera López –hermano del notario-, Miguel Ahumada Valenzuela, Alfredo Becerra Anzaldo, Zaira Rivera Véliz y Francisco Javier Rivera Casillas.

Por el contrario, estuvieron ausentes Pedro Antonio Enríquez Soto, Raúl Gutiérrez Agüero, Rafael Pérez Cárdenas, Jorge Ramón Marmolejo Coronado, Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar y Thoth Aldrin Lomelí Aguilar.

De acuerdo con los datos de prueba revelados en la audiencia, durante los cateos se aseguró una caja fuerte en cuyo interior se localizaron fajas de billetes de 500 pesos, que dieron un total de tres millones 850 mil pesos.

Un millón de pesos estaría envuelto como regalo, junto a otro envoltorio que contenía un reloj Rolex. Junto a estos, se encontró anotado un nombre: Ismael González, que supuestamente correspondería al del magistrado presidente Ismael González Parra.

Lo anterior ha hecho deducir que el nuevo presidente –que entró el uno de octubre del 2018, en lugar de Enríquez Soto- estaba por ser objeto de un intento de soborno.

Pero en la caja fuerte había más “postic” –un papelito con una anotación-, como citó la representación ministerial: una referencia a un agente del Ministerio Público Federal en Los Mochis, el nombre del magistrado Marmolejo, el del también magistrado Pedro Álvarez Hormaeche, nuevamente el del juez Braulio, e incluso el nombre de Rodrigo González Barrios, que correspondería al del líder de la Comisión de la Verdad.

Durante la audiencia no se mencionó si existe algún otro dato que enlace con esos nombres.

Además del magistrado Marmolejo y los tres jueces ya citados, la Fiscalía ha solicitado que el Congreso del Estado retire el fuero a Enríquez Soto y al juez Mario Alberto Cervera López (Compostela) para llevarlos a juicio.

A estas alturas, en el Poder Judicial se vive un distanciamiento total entre algunos magistrados.

CLAMAN LIBERTAD

Inicialmente programada a las tres de la tarde, la audiencia en la sala 1 de juicios orales inició a las 4:36, sin embargo a los pocos minutos se difirió hasta las ocho de la noche porque los defensores aún no contaban con copia de la carpeta de investigación.

La audiencia de formulación de imputación reinició a las 8:28 de la noche con un primer debate: la defensa de Eusebio exigía su libertad, asegurando que la aprehensión se efectuó a pesar de que contaba con una suspensión provisional decretada por el Juzgado Cuarto de Distrito, ante quien se promovió un amparo el miércoles.

La solicitud no prosperó en razón de que, explicó el juez Filiberto Rojas, la aprehensión se realizó a las 7:30 de la mañana de este jueves, mientras que la notificación del juez federal al Ministerio Público fue a las 10:45; es decir, ya eran actos consumados.

Este reportero debe añadir al lector que, salvo un receso de 10 minutos anunciado a las 00:16 de la madrugada, en razón de que Eusebio se sintió un poco mal –según explicó su defensor-, la audiencia no se detuvo hasta las 6:50 de la mañana en que se dictó la prisión preventiva para los tres imputados, luego de que pidieron que la vinculación se resuelva la próxima semana.

Si la audiencia inició con cupo lleno del público –unas 25 personas-, por la mañana terminamos siete, entre ellas familiares de los detenidos.

Rojas García estimó que de permitirles la libertad se podría entorpecer la investigación, aparentemente porque hay más funcionarios del Poder Judicial implicados.

Por momentos, a tanto y tanto escuchar, el sueño vencía a varios, incluidos los abogados.

Los policías estatales asignados a la seguridad de la sala se relevaron en una ocasión, puesto que ellos siempre permanecen de pie. Pasadas las dos de la madrugada, un policía puso su mano sobre la espalda de Eusebio unas 20 veces: era la señal para que no se durmiera.

En la parte final de la audiencia, referente a las medidas cautelares que debían dictarse, pronunciados los argumentos de la agencia ministerial y de los defensores –Saulo y Elba tienen los mismos abogados-, fue especialmente emotiva la petición que hicieron los tres, clamando para recuperar la libertad.

Saulo recordó que fue él quien voluntariamente compareció a la Fiscalía y rindió declaración sobre los hechos. Que tiene un conocido arraigo en Tepic y que hace 23 años y medio empezó a ser novio de quien ahora es su esposa. Que tienen tres hijos y que, si recuperaba la libertad, no dejaría la ciudad y, al contrario, en ese momento se iría a trabajar.

Eusebio, mejor conocido como Chevo, igualmente habló de su arraigo, de que su esposa también es notificadora del Poder Judicial y que en ese momento estaba ahí presente.

“Soy padre de tres hijas y con mucho orgullo les digo que dos de ellas no son de mi sangre pero las quiero igual”.

Elba mencionó que tiene una hija con síndrome de down, que la necesita.

La prisión preventiva fue dictada.

EL PODER JUDICIAL TOCA FONDO

Aunque no fue parte de lo anunciado, el tema de las órdenes de aprehensión apuntaría obviamente a más funcionarios del Poder Judicial, pero igual a abogados del despacho externo.

Sin embargo, según parece deducirse, algunos empleados judiciales están siendo considerados como testigos, más que imputados, puesto que han detallado las órdenes que recibían de los cuatro jueces, e incluso en ese aspecto se menciona al magistrado Marmolejo.

Por supuesto de esta historia es parte el notario Antonio Humberto Herrera López.

La Fiscalía General anunció una inspección en la notaría de San Blas, constatando que no se encontraron todos los libros; incluso, personal de trabajo les explicó que ahí no se realizaron las escrituras del INFONAVIT.

El abogado Saulo aseguró, según la versión ministerial, que él únicamente contactó a un abogado con el juez Cervera, y que después el tema pasó con Marmolejo y luego con Pedro Antonio Enríquez que, se conoce, firmó un convenio con un representante del INFONAVIT para llevar a cabo hasta 25 mil asuntos de casas abandonadas, aunque la agencia ministerial estima que pudo haber llegado a unos 60 mil, y que el número aún no se determina por lo complejo del asunto, donde por ejemplo en un domicilio eran notificados hasta 10 mil ó 12 mil personas.

Un problema mayor, ya citado en una nota anterior, es que existe evidencia de que jueces locales emitieron informes falsos a juzgados de Distrito, ante quienes se tramitaban juicios de amparo. Por si fuera poco, permitieron que abogados que no trabajaban en los juzgados participaran en los informes remitidos. Fue mencionado que existe un video que confirmaría la presencia de determinadas personas, accediendo a información de los juzgados. La PGR tiene conocimiento de ello por tratarse de un asunto federal.

Entre los muchos puntos ventilados, otro es el de la manipulación de avalúos.

El presente caso muestra el deterioro que alcanzó el Poder Judicial en los últimos años. Y hoy chocan unos contra otros.

La carpeta de investigación cuenta con numerosos testimonios de empleados judiciales que describen lo que estaba sucediendo desde finales del 2013. Están hablando los que trabajan en los cuatro juzgados o, incluso, en el archivo judicial, donde se llegaron a recibir numerosas cajas con expedientes pero llevadas por particulares.

Igualmente, hay versiones de quienes trabajaban en la fábrica de hacer demandas y los de la fábrica de hacer escrituras.

El jueves, a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía hizo alusión a los delitos de fraude, tráfico de influencias, el cometido por servidores públicos, cohecho y abuso de autoridad, sin embargo no todos aplican para los notificadores y el abogado particular.

La agencia ministerial adelantó que mantiene asegurado numeroso equipo de cómputo que será analizado en la etapa de investigación complementaria, previa autorización de un juez federal.

Lo ventilado en la maratónica audiencia, de noche, representa una sacudida muy fuerte para el Poder Judicial del Estado, sumido en la que podría ser la peor crisis de su historia.

Pero el hilo se ha reventado por lo más delgado.

A las siete de la mañana, aún se sentía el fresco en la calle.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com