Tepic.- Con 13 votos a favor y uno en contra, el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendió este viernes de manera temporal al magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, medida que de último momento fue frenada en el caso del magistrado ex presidente Pedro Antonio Enríquez Soto, gracias a una suspensión provisional concedida por un Juzgado de Distrito, ante el cual tramitó un amparo.

De hecho, Marmolejo Coronado podría haber accedido a similar protección, sin embargo el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Civil y Administrativo hizo saber a través del juicio de amparo 221/2019 que postergaría referirse a la suspensión provisional del amparo –no del cargo- porque no se le anexaron la totalidad de copias que corresponden al caso.

Ello hace deducir que tal amparo podría sobreseer porque la situación ha cambiado en razón de que el Pleno ya dictó la suspensión temporal –lo que pretendía evitar con el amparo-, con derecho a percibir el 30 por ciento de su sueldo.

Para el caso de Enríquez Soto, la justicia federal le concedió esa suspensión provisional, notificando al Pleno que postergara el asunto hasta que resuelva el incidente de suspensión definitiva, que podría dictarse la próxima semana.

THOTH: “PÓNGAMOS NUESTRAS BARBAS A REMOJAR”

Todo lo anterior es en razón del mayor escándalo de probable corrupción en la historia del Poder Judicial del Estado, puesto que entre finales del 2013 y 2018 se produjeron miles de demandas ficticias en los juzgados de Xalisco, Compostela y dos de Bahía de Banderas, que aceleraron condenas a favor del INFONAVIT para que recuperara casas de personas que habían dejado de pagar sus créditos en varios estados del país, mismas que posteriormente escrituraba el notario público 3, con oficinas en San Blas, Antonio Humberto Herrera López, igualmente sujeto a investigación.

Como es del conocimiento público, el fiscal General de Justicia Petronilo Díaz Ponce solicitó en diciembre pasado al Congreso del Estado que retire el fuero a los dos magistrados y a los jueces Braulio Meza Ahumada (Xalisco), Mario Alberto Cervera López (Compostela), Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez (Bahía de Banderas) para llevarlos a juicio por diversos delitos. Los jueces se encuentran suspendidos.

Sentados a una mesa grande y ovalada, la sesión del Pleno, iniciada a las 10 de la mañana, contó con la presencia de los magistrados Ismael González Parra (presidente), a cuyo lado izquierdo se encontraban Rafael Pérez Cárdenas, Ana Isabel Velasco García y Pedro Álvarez Hormaeche. Y dando vuelta la mesa en el extremo norte se observaron tres lugares vacíos, que correspondían a los magistrados ausentes Enríquez Soto, Marmolejo Coronado y Raúl Gutiérrez Agüero.

A continuación podían verse a Román Carlos González Momita, Miguel Madero Estrada, Thoth Aldrin Lomelí Aguilar y Miguel Ahumada Valenzuela, quienes quedaban de espaldas al público asistente a la sala de sesiones. Luego, en el extremo sur continuaban Francisco Javier Rivera Casillas, Zaira Rivera Véliz, Rocío Esther González García, Alfredo Becerra Anzaldo y, cerrando la vuelta completa, Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar, al lado de la secretaria General de Acuerdos Alma Rosa Martínez Rivera, que dio lectura a un acuerdo, un día antes notificado a los magistrados. El mismo fue lo que motivó la presentación de los dos amparos.

Para el magistrado Thoth Aldrin Lomelí, único que votó en contra del acuerdo y quien hizo uso de la voz en dos ocasiones, lo que se proponía al Pleno corresponde a los mismos hechos que estudia el Congreso del Estado con motivo de la investigación de la Fiscalía, por lo que, estimó, el Pleno no debía pronunciarse por la vía de responsabilidad administrativa.

De igual forma habló del precedente que se estaría dejando y orientó a una reflexión, citando que si bastaba una queja en contra de un magistrado, “entonces vamos poniendo nuestras barbas a remojar”. Abundó en el sentido de sacar todas las quejas que existan contra magistrados y resolverlas en el mismo sentido.

El magistrado presidente manifestó que no se estaba prejuzgando la probable responsabilidad de los dos magistrados, y continuando con el desarrollo de la sesión, la secretaria General de Acuerdos dio lectura al acuerdo que sería puesto a consideración.

JUECES SE LAVAN LAS MANOS

De acuerdo con lo narrado, se cuenta con documentación remitida por la Fiscalía General de Justicia, con un dictamen de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, con una visita extraordinaria realizada a los cuatro juzgados, así como entrevistas a empleados judiciales por parte de la Fiscalía, que confirman que firmaron miles de actuaciones no realizadas por ellos.

Se describió el origen que generó la problemática, cuando dos abogados se entrevistan con el juez de Compostela Mario Alberto Cervera para plantearle la presentación de juicios con miras a recuperar casas abandonadas, de cómo luego se reúnen con el magistrado Marmolejo y, finalmente, se firma un convenio con el INFONAVIT por el entonces magistrado presidente Enríquez Soto.

Se explicó que las primeras demandas se presentaron en Compostela, después en Xalisco y continuaron en Bahía de Banderas.

Según lo anunciado, Marmolejo Coronado dio indicaciones directas a los cuatro jueces, a la jueza Marlén Gómez López, a secretarios de acuerdos e incluso a una notificadora de Compostela sobre la existencia de un convenio que permitía efectuar los juicios de la manera como se estaban desarrollando -con múltiples anomalías-, ocasionando, se anunció en la sesión, que miles de personas demandadas no tuvieran derecho a una defensa.

Para el caso de Marlén Gómez, que en noviembre pasado estuvo adscrita unas semanas en Xalisco, se explicó que Marmolejo le habló por teléfono para decirle que hablarían con ella unas personas del INFONAVIT. Incluso, se indicó que llegó a ir a los juzgados de Bahía de Banderas para dar indicaciones sobre el tema.

Durante la lectura del documento, el magistrado González Momita pidió que no se utilizaran términos que dieran por hecho la responsabilidad de los magistrados, sino que se hablara, en todo caso, de la presunción de ello.

Aunque de manera breve y sin abundar en detalles, se mencionó de declaraciones de los jueces Braulio Meza y Mario Alberto Cervera, que habrían justificado recibir indicaciones de los magistrados para efectuar los mencionados juicios, amañados.

Para el caso concreto del ex magistrado presidente, la lectura del documento consideró una vulnerabilidad a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, comprometiéndolo a través del citado convenio, que facilitó la “economía procesal” de los juicios.

Se explicó que el Poder Judicial no puede celebrar convenios con una de las partes en juicio, en este caso el INFONAVIT, que era el actor de las demandas, por lo que, se dijo, existió un propósito para facilitar las diligencias a una de las partes.

De igual forma, se explicó que existe evidencia de que en abril del 2017, Enríquez Soto fue advertido por personas que radican en Chihuahua de anomalías en juicios hipotecarios que se efectuaban en el Juzgado de Compostela, situación de la que no dio aviso al Consejo de la Judicatura.

Durante la sesión del Pleno, a la que asistieron unos 30 funcionarios judiciales, fue notorio que el ingreso de una empleada motivó comentarios en voz baja, en razón de que llevaba un documento que momentos después fue entregado al magistrado González Parra y a la secretario General de Acuerdos Martínez Rivera. Ésta última anunció que se trataba del amparo de Marmolejo Coronado, que a causa del faltante de una copia de la demanda, el Juzgado de Distrito no resolvió sobre la suspensión provisional del amparo, como sí ocurrió en el caso de Enríquez Soto, por lo que éste no fue suspendido, sino que esperará a lo que se resuelva en la suspensión definitiva.

Concluida la lectura del documento, el asunto se abrió a debate.

Lomelí Aguilar adelantó que votaría en contra e insistió que primero debía conocerse la resolución que adopte el Congreso del Estado en cuanto a si retirará el fuero a los magistrados.

Además, observó que el documento remitido la mañana del jueves consta de unas 12 mil fojas que resultaría imposible leer en un día. Recordó que desde un inicio se propuso no ser un magistrado “firmón”, sino avocarse al conocimiento de los hechos, por lo que repitió su voto en contra.

Ningún otro magistrado hizo uso de la palabra.

González Parra llevó el asunto a votación, contabilizándose 13 magistrados a favor de la suspensión temporal de Jorge Ramón Marmolejo Coronado, con un sueldo equivalente al 30 por ciento de su sueldo. Cada magistrado levantó una de las manos para anunciar su voto.

La sesión finalizó a las 11:55 de la mañana, previo anuncio de que el martes cinco se designará al magistrado supernumerario que supla la ausencia de Marmolejo.

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Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com