Una reñida diligencia judicial a la que asistieron dos profesionistas que participaron en una auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas respecto a la última época del gobierno estatal de Ney González Sánchez, y que pretende acreditar desvíos por casi 90 millones de pesos, dio luz del choque entre la defensa particular y la agencia ministerial que representa a la Fiscalía General del Estado (FGE).
El viernes ocho, al Juzgado Segundo Penal de Tepic compareció César Contreras Meza, quien fue titular de la Dirección General de Control y Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría –con Roy Rubio Salazar como titular, en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda-, y ahora se desempeña como secretario de Administración del Poder Judicial del Estado.
Por separado, de igual forma asistió el auditor externo Carlos Alberto Flores Ibarra.
La presencia de ambos fue solicitada por la agencia ministerial para que ratificaran su respectiva declaración, rendida hace años en la FGE.
Como ha informado este reportero, en diciembre del 2017 se dictó auto de formal prisión en contra de cinco funcionarios de la época de Ney González: Florencio Román Messina, ex secretario de Administración; Alma Lorena Orozco Santos, ex directora General de Tesorería; Víctor Manuel Flores Ruiz, ex director General de Contabilidad y Presupuesto; Jesús Francisco Domínguez Hernández, ex director General de Administración; y Sandra Edith Martínez Sánchez, ex directora de Comunicación Social, como probables responsables de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, y falsificación de documentos.
Para el caso del testigo Contreras Meza, la representación de la Fiscalía chocó con la defensa puesto que la primera insistía que le fuera mostrada su declaración ministerial y dijera si reconocía su firma, a lo que se opuso la segunda.
Llegó a ser tan cerrada la posición de las partes, que la secretaría de acuerdos del Juzgado Segundo llamó a la jueza María Luisa de León Mejía, quien anunció que abriría un incidente por separado para resolver la situación. Cabe recordar que este juicio se ventila mediante el sistema tradicional, no el oral.
En resumen, Contreras no pudo contestar si reconocía su firma en la declaración ministerial, en la cual detalla sobre la auditoría practicada al año 2010 y los meses de enero a septiembre del 2011 que comprenden a la última época de gestión de Ney González.
César Contreras abunda que en varios municipios del estado de Jalisco visitó negocios, con cuyas facturas –y muchas más- se justificó el supuesto gasto de 89 millones 473 mil 448.57 pesos, explicando a la representación social que no eran las mismas que tenía Administración y Finanzas. Además, algunos proveedores negaron haber tenido relación con el Gobierno del Estado de Nayarit.
Para el caso de Carlos Alberto Flores, que participó en la investigación como auditor externo, en su versión ministerial dijo que las facturas fueron expedidas en varios estados como Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, y le correspondió visitar a proveedores que se sorprendieron al hacer el comparativo, “porque eran cantidades distintas a las que ellos habían expedido…”
Se anunció, por ejemplo, que un negocio de ferretería expidió una factura por 20 pesos, “y la que yo traía era arriba de 300 mil pesos, así fueron varias, además de que el negocio era de ferretería y el que yo llevaba –en la factura- era de publicidad, además de que nunca habían llevado ventas o prestación de servicios con Gobierno del Estado…”
De igual forma, el testigo señaló que algunos domicilios anotados en las facturas no fueron encontrados o se trataba de casas abandonadas.
La citada auditoría fue practicada a principios del gobierno de Roberto Sandoval y motivó una denuncia ante la FGE, sin embargo fue consignada hasta el arribo de la administración de Antonio Echevarría García.
Si en diciembre del 2017, en que dos de los señalados fueron aprehendidos y los otros se presentaron con amparo, la Fiscalía reclamaba que había una intromisión externa al Juzgado Primero Penal para favorecer a los imputados –después el asunto fue remitido al Juzgado Segundo-, en la diligencia del viernes ocho en varias ocasiones la defensa se pronunció en sentido opuesto, alegando parcialidad judicial en agravio de sus defendidos.
A como va avanzando el juicio 12/2018, se prevé que transcurran años para que llegue a sentencia.
La indagatoria pretende establecer que hubo una falsificación de facturas para desviar esos casi 90 millones de pesos, cuestionándose si el ex gobernador González Sánchez también debió ser llevado a juicio.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
