El juez de control Osbaldo López Carbajal dio un plazo de 10 días al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) Nazario Alonso Villaseñor Anguiano para que garantice un millón de pesos, además de presentarse a firmar cada semana, y también le ha prohibido salir del país.

Si incumple podría ser aprehendido.

Se trata de las medidas cautelares que este jueves le fueron impuestas al también ex diputado local por el PAN, con la finalidad de asegurar su comparecencia a las audiencias del juicio 1430/2018, a través del cual se le imputan los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado.

López Carbajal necesitó de un receso de unos 40 minutos para analizar el dictado de las citadas medidas, puesto que la agencia ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la prisión preventiva contra Villaseñor, en tanto que la defensa particular se opuso a ello.

Entre otros aspectos, el juez le dio valor al hecho de que el imputado compareció voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación, previa presentación de un juicio de amparo.

Se trata de uno de los cinco ex funcionarios públicos que estuvieron en los gobiernos de Ney González Sánchez o de Roberto Sandoval Castañeda a los que la Fiscalía imputa el probable mal uso de más de 79 millones de pesos a través del Fondo de Fomento Industrial del Estado de Nayarit (FONAY), cuatro de los cuales han sido vinculados a proceso, en tanto que para Villaseñor esa situación se resolverá la próxima semana.

Como es del dominio público, en febrero pasado se realizaron las primeras audiencias del tema, precisándose que el Gobierno Federal exige al Gobierno del Estado la devolución de 50 millones de pesos aportados en el año 2009 –durante la administración de Ney González-, lo que mereció una demanda en un juzgado de la Ciudad de México, al incumplirse con el convenio establecido. La sentencia quedó firme en el 2015.

La audiencia de este jueves –que requirió cerca de cinco horas- partió con la formulación de imputación de la Fiscalía y, luego, la solicitud de aclaración de diversos aspectos por los tres abogados que acompañaron al imputado, chocando continuamente con la agencia ministerial.

A continuación se anunciaron numerosos datos de prueba mediante los cuales la FGE solicita la vinculación a proceso, insistiendo que no se siguieron las reglas de operación para el manejo de los recursos, por lo cual la Secretaría de Economía del Gobierno Federal demandó la devolución de los 50 millones, pero tanto el gobierno de Ney González como el de Roberto Sandoval fueron omisos, a pesar de los requerimientos; incluso, se dijo, en la administración de Sandoval parte del dinero se usó en el programa PROSA y la construcción del mercado en Ixtlán del Río.

Cuestionado por el juez, Alonso Villaseñor Anguiano se reservó el derecho de rendir declaración. En todo momento se le vio tranquilo.

Sus defensores tomaron nota de lo revelado por la Fiscalía, por lo que están en tiempo de ofertar datos a favor de su cliente en la próxima audiencia.

De los cinco imputados hasta el momento, Villaseñor es el único que formó parte de los dos gobiernos involucrados en esta trama; en su caso, se le imputan acciones entre los años 2009 y 2012.

En la parte final de la audiencia se registró un incidente cuando uno de los defensores señaló al juez que Villaseñor advirtió, horas antes, que una de dos abogadas que asistió como asesor de la víctima le tomó fotografías con su celular dentro de la sala 2, situación que la profesionista negó e, incluso, visiblemente sorprendida, se dijo dispuesta para que el aparato fuera revisado en ese momento, lo que no se llevó a cabo.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com