Con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones; es decir, el total de los diputados asistentes a la sesión de este viernes en el Congreso del Estado, convertido en Jurado de Enjuiciamiento, se pronunciaron por el desafuero del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Jorge Ramón Marmolejo Coronado y los jueces Braulio Meza Ahumada (Xalisco), Mario Alberto Cervera López (Compostela), Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez (ambos, Bahía de Banderas), todos ellos suspendidos de sus funciones por el escándalo INFONAVIT-Poder Judicial de decenas de miles de demandas ficticias.

Para el caso del ex magistrado presidente del TSJ Pedro Antonio Enríquez Soto, se determinó la insubsistencia del fuero constitucional en razón de que renunció al cargo el pasado 30 de abril.

Según fue anunciado por la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar, la resolución legislativa entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial.

De esa forma, ya no habría impedimento para que los citados sean llevados a juicio penal por diversos delitos, entre los cuales se encuentran asociación delictuosa, cohecho, peculado, tráfico de influencias, fraude específico, contra la custodia de documentos, entre otros, se dijo durante la lectura de un extenso documento.

Puesto que las partes tendrían intervención ante los legisladores, se presentaron, por un lado, Petronilo Díaz Ponce Medrano como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y solicitante del desafuero, y por otro la abogada Amalia Araceli Hernández Sánchez, representante de Braulio Meza; de los restantes, nadie asistió.

Al hacer uso de la voz, el fiscal reclamó que los que debieron aplicar justicia hayan actuado fuera de la ley. Mencionó que la investigación cuenta de 40 tomos, teniéndose 13 órdenes de aprehensión.

De igual forma, la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con desglose por los tantos informes falsos que se remitieron a juzgados de Distrito.

Díaz Ponce Medrano habló de la importancia de que se siente “precedente” y un “nunca más” a una situación así.

Por su parte, la abogada Hernández Sánchez consideró que el dictamen no estaba fundado, que se violaba el procedimiento, así como que no hay hechos reales, sino hipótesis.

En una réplica, el fiscal insistió en la necesidad de llevar a los sujetos ante un juez de control para que se les imputen los delitos. Calificó de “inverosímil” y “vergonzoso” para el estado lo que sucedió con ese caso.

La representante de Meza Ahumada rechazó hacer uso de la tribuna nuevamente.

La votación se produjo de manera directa, preguntando a cada uno de los diputados el sentido de su voto: “a favor”, contestaron todos a la legisladora Julieta Mejía Ibáñez.

Precisamente Mejía y el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna leyeron durante hora y media el dictamen posteriormente aprobado.

En el documento se repitieron datos que en su momento este reportero hizo del conocimiento público, pronunciamientos directos de la Fiscalía, en audiencias de juicio oral, de que existieron sobornos a altos funcionarios judiciales por parte del despacho externo que dirigía esta trama, tal es el caso de que en enero del 2018 Marmolejo Coronado habría recibido un millón de pesos en una sola entrega, o Meza Ahumada un millón 500 mil pesos durante el 2017, en partes.

En los próximos días podría conocerse si alguno de los seis mencionados decide ir voluntariamente a juicio, quizás previa presentación de un amparo y apostándole a no quedar en prisión preventiva.

Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com