Al menos en una parte del área destinada al público de la sala 5 de juicios orales, a eso de las seis de la tarde de este miércoles se sentía como un congelador: no sólo era el aire frío, sino una sensación de duelo en la segunda parte de un debate entre la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), insistiendo que se dictara prisión preventiva contra el magistrado –suspendido- Jorge Ramón Marmolejo Coronado, y la defensa particular que, además de argumentos jurídicos, clamó por una medida diferente:

– Le suplicamos que dicte una medida diferente a la prisión preventiva.

Agotada la doble intervención de las partes, el juez de control Filiberto Rojas García dictó la “prisión preventiva justificada” durante el tiempo que dure el procedimiento, derivado de la causa 691/2019, por lo que Marmolejo estará recluido en la penal de Tepic.

Su semblante muy serio, Marmolejo escuchó la decisión final con las manos entrelazadas, los codos sobre un escritorio.

La audiencia, primero de formulación de imputación, y luego de vinculación a proceso, inició alrededor de las 9:30 de la mañana y tuvo dos recesos. Contó con escaso público.

Precisamente Marmolejo –que se reservó el derecho de rendir declaración- y su defensor solicitaron que la vinculación solicitada por la Fiscalía se resolviera hoy mismo, aunque obviamente su postura fue de no vinculación.

La agencia ministerial detalló entonces un dato determinante: una ampliación de declaración ministerial del que fuera juez de Compostela –suspendido, vinculado a proceso, y en prisión- Mario Alberto Cervera López, en la que explica la trama de corrupción en torno al caso de miles de juicios simulados INFONAVIT-Poder Judicial, en la que confiesa haber recibido 750 mil pesos de manos del propio magistrado Marmolejo Coronado, en cinco entregas: noviembre del 2013 (150 mil pesos); entre octubre y diciembre del 2014 (200 mil pesos); antes de Navidad del 2014 (150 mil pesos); marzo del 2015 (200 mil pesos); y junio del 2015 (50 mil pesos).

Según la narración citada en la audiencia pública, Cervera contó que a principios de octubre del 2013 fue contactado por dos abogados –uno de ellos, Saulo, vinculado a proceso y en prisión preventiva- de un despacho externo que le hablaron de la posibilidad de realizar juicios a favor de INFONAVIT, situación a la que se negó; sin embargo, un día después lo contactó el citado magistrado, entonces presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, con quien se reunió en el parque La Loma. Ambos se conocen desde niños e incluso fueron compañeros de primaria.

Según el juez, Marmolejo le repitió que no habría problemas con el asunto porque el magistrado presidente Pedro Antonio Enríquez Soto iba a firmar un convenio con el INFONAVIT.

Fue señalado que, incluso, el magistrado le avisó que al día siguiente serían presentadas las primeras dos demandas, pero resultaron ser cinco, lo que molestó a Cervera.

Para el mes de noviembre, Marmolejo citó a Cervera en una finca de su propiedad en la colonia SPAUAN y le entregó cinco cajas que contenían documentos que debía firmar como juez:

“¡Jorge, no me metas en problemas por favor!”
Marmolejo insistió que no habría lío alguno. Para entonces el convenio ya estaba firmado por Enríquez Soto.

“Por eso firmé”, indicó Cervera.
Un día después, a indicación del magistrado, llegó a su domicilio en Tepic, antes de dirigirse al Juzgado de Compostela. Marmolejo le entregó un sobre con los primeros 150 mil pesos.

– Aquí hay un apoyo.
– Me estás metiendo en una bronca.

De acuerdo con la explicación ministerial, Mario Alberto Cervera negó que hubiera pactado una cantidad específica como pago, o que recibiera dinero de una persona distinta a Marmolejo.

La nueva causa penal contra el magistrado, 961/2019, es por los delitos de cohecho, donde la víctima es el juez Cervera, y por fraude específico en agravio de Filiberto Villalobos, uno de los miles de nombres incrustados en los expedientes.

El propio Villalobos también es víctima de Cervera por el delito de fraude específico, puesto que jamás fue llamado a juicio en relación con su casa en el fraccionamiento Canoas, en Xalisco, que ahora tiene otro dueño.

La audiencia condujo a la revelación de que la orden de aprehensión contra Marmolejo fue girada después de que Cervera López rindió una ampliación de declaración en la penal de Tepic, acompañado por su defensor particular, y que la ubicación del magistrado se produjo en su casa.

Según se explicó, policías estatales se presentaron a su domicilio la mañana del martes, hablaron por interfón, afuera se entrevistaron con una hermana de Marmolejo, le explicaron que si el magistrado no salía ingresarían con una orden de cateo. Jorge Ramón atendió entonces a los agentes, hizo pasar a dos de ellos a la cochera, y se entregó.

Lo anterior fue un aspecto que la defensa intentó mostrar a favor del magistrado previo a decidirse la medida cautelar, insistiendo que estaba en su casa, acatando la indicación de otro juez, en una causa diversa, para no salir del estado y con toda disposición de asistir a las diligencias que sea requerido.

Y en cuanto a los 15 millones de pesos fijados como garantía, recordó que el plazo se vence este viernes y que el imputado hacía todo lo posible para cumplir con ello, con el apoyo de familiares.
Por lo visto, ya no será necesario.

Otro aspecto que conviene señalar es que la declaración a puerta cerrada que recientemente rindió el juez Cervera López no ha sido ventilada.

Además de él, como se conoce, también rindió declaración privada el juez Baldomero Zamora Rodríguez, en tanto que el juez Justino Rodríguez Barajas ya compareció a la Fiscalía General del Estado para emitir su testimonio.

Con su versión, Rodríguez habría apelado a ser llamado a juicio y evitar que se le gire orden de aprehensión.

De los cuatro jueces implicados en la trama, sólo faltaría conocer el paradero de Braulio Meza Ahumada.

Además del hoy magistrado preso, se presume que las declaraciones a puerta cerrada podrían haber revelado datos en contra del ex magistrado presidente Enríquez Soto, lo mismo que del notario público Antonio Humberto Herrera López, quien tramitó las miles de escrituras.

De Herrera –cuya falta de cita judicial aún resulta inexplicable-, la agencia ministerial dibujo su complicidad: “el notario no daba fe, únicamente estampaba su firma como se lo decía el despacho externo.”

Durante la audiencia, por primera vez se habló de cómo esta historia de profunda corrupción en el Poder Judicial de Nayarit tendrá que agarrar un camino donde las diversas causas puedan ser acumuladas en el futuro, pues de lo contrario podrían armarse decenas, cientos o miles de nuevos asuntos, por cada una de las víctimas.
Para este caso, se decidió un plazo de un mes de investigación complementaria.

Marmolejo ya había sido vinculado a proceso por diversos delitos, entre ellos cohecho, sin embargo se insistió que en aquel caso fue “cohechado” –recibió, según Fiscalía, 25 millones de pesos- y ahora es “cohechador”, por el dinero entregado a Cervera.

A través de su defensor, al concluir la audiencia y previo a su traslado a la penal de Tepic, Marmolejo Coronado pidió autorización para hablar unos minutos en privado con su esposa, y luego con su defensor.

La señora asistió a toda la audiencia. Su apoyo absoluto.

Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com