A cinco meses de que fueron libradas órdenes de aprehensión contra diversos sujetos involucrados en el caso INFONAVIT-Poder Judicial de Nayarit, respecto a miles de juicios ficticios, empieza a conocerse la postura del Poder Judicial Federal a través de resoluciones de amparo.
Es el caso del número de juicio 265/2019 que fue promovido por un abogado, actualmente prófugo y cuya identidad se mantiene bajo reserva, y que resolvió el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal en Nayarit.
Según los datos divulgados, de los tres delitos por los que se giró orden de aprehensión: tráfico de influencias, delitos de abogados, patronos y litigantes, así como fraude específico, únicamente respecto al último se concedió la protección de la Justicia Federal, aunque se pidió al juez de control local que dicte nueva resolución sobre ello.
En el citado fallo, que presenta un listado con los más de 200 datos de prueba recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el Juzgado de Distrito considera que hay elementos suficientes para considerar el delito de tráfico de influencias. Explica:
“…en la resolución reclamada, el juez responsable señaló de manera acertada que la participación del imputado en los hechos delictivos, fue de coautor material (…), ya que en relación con el delito de tráfico de influencias, existe el señalamiento en su contra de que promovió la realización de conductas ilícitas de los servidores públicos para, de esta manera, tramitar negocios considerados como irregulares o ficticios, identificados como juicios civiles hipotecarios 85/15, 89/15, 567/14, 569/14 y 576/14 del índice del Juzgado Mixto de Xalisco, Nayarit, y los diversos 297/14 y 506/13, del Juzgado Mixto de Compostela, Nayarit, con el objeto de beneficiar económicamente al despacho jurídico ‘Rosales Badillo’.
“Abogados particulares que realizaban trámites de cobranza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores –Infonavit-, con el objeto de afectar los servicios del Estado, como lo es la aplicación de la justicia pronta, expedita e imparcial (…) y los derechos de los aproximadamente sesenta mil demandados, sin la tramitación de un juicio, en el que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento.
“Lo anterior, porque los inmuebles materia de las demandas masivas, corresponden a los estados de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Jalisco y una diminuta dimensión de Nayarit, no obstante (…) se dispone que es juez competente el de la ubicación del inmueble; sin embargo, ello no fue respetado, con el objeto de que los demandados no pudieran defenderse.”
De igual forma, señala que en las demandas no se precisó el domicilio real de los demandados y, no obstante, autoridades judiciales realizaron notificaciones masivas en un mismo lugar:
“…atendiendo a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia, no puede ser creíble que entre cuatro mil y doce mil personas vivan en una misma casa…”
Respecto al delito de abogados, patronos y litigantes, el amparo apunta que “el juez natural consideró de manera correcta que se encontraba justificado el hecho delictivo”, precisando que las demandas contenían hechos falsos, como el que miles de personas vivieran en un mismo domicilio.
De igual forma, el juez federal justificó la orden de aprehensión puesto que el abogado no tiene domicilio en Nayarit, sino que radicaría en otra entidad.
Cabe añadir que en una de las partes del resolutivo, se pide al juez de control que analice si “se actualiza o no la figura jurídica de la prescripción de la acción penal, respecto a la totalidad de los delitos.”
El fallo aún no está firme porque tanto el quejoso como una autoridad involucrada en el juicio presentaron, por separado, el recurso de revisión. El expediente será remitido a un Tribunal Colegiado para su estudio.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
