Fue tanta la información y repetición de datos vertidos en la causa penal 762/2019, que es latente el riesgo de incurrir en error durante la redacción de este trabajo, en una agotadora audiencia que inició cerca de las tres de la tarde del martes y terminó casi a las 4:30 de la madrugada de este miércoles, con la ampliación de término constitucional.

Como ya se indicó en una nota de la semana pasada de este reportero, la historia se centra en si en septiembre del 2012 aconteció el delito de amenazas agravadas en agravio de Francisco Pérez, por parte de dos sujetos que portaban armas de fuego y que le dijeron laborar en la Fiscalía General del Estado (FGE), motivando que, por miedo, firmara el traslado de dominio de un terreno de tres mil 229 metros cuadrados, ubicado en Colinas del Rey, en Tepic, a favor de un joven identificado como César “N” “N” y que en esa época era chofer de Roy Rubio Salazar, entonces secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, resultando, además, que en la misma fecha -11 de septiembre- le transfirió un poder a su jefe Roy respecto al mismo terreno.

Según el fallo del juez de control José Manuel González Zepeda, dictó a ambos imputados  vinculación a proceso por el delito de amenazas agravadas.

Puesto que se trata de acciones distintas de los imputados, cada uno tuvo defensor particular por separado. El de César alegó que en una ampliación de declaración, el quejoso aceptó que el imputado no lo había amenazado personalmente, mientras que Roy Rubio aseguró que en la carpeta de investigación no hay datos de prueba que señalen a su persona, reclamando por qué no se ha ahondado respecto a los responsables directos de la amenaza.

El joven César resulta un personaje clave en esta historia.

De hecho, la tarde del martes rindió declaración judicial, describiendo que a mediados de septiembre del 2018 se comunicó con su abogado particular Heleodoro “N” “N” –ahora imputado por el delito de falsificación de documentos, y el cometido por abogados, patronos y litigantes- para preguntarle si ya tenía redactada su declaración ministerial, respecto a la investigación por los hechos en Colinas del Rey.

Agregó que Heleodoro le entregó una memoria USB y ya en su casa analizó la declaración, le pareció que estaba bien y la imprimió. Además, a la misma anexó la revocación del mencionado poder a favor de Roy, fechada el siete de enero del 2013 y en la cual aparecen como testigos Carlos “N” “N” y Maura “N” “N”.

Tal documento es el que la Fiscalía considera falso, estimando que no fue redactado en el 2013, sino en fecha “reciente” –indica un peritaje- y con el que se pretende exculpar a Roy Rubio.

En declaraciones judiciales por separado, Maura señaló que a principios del 2013, César le pidió el favor de firmar como testigo en el citado documento, de revocación del poder, lo que aceptó por la confianza, dado que ambos eran empleados de la Contraloría; es decir, su superior era Roy.

Y Carlos, igualmente asignado en la Contraloría, recordó haber firmado la revocación aquel siete de enero del 2013.

El defensor de Carlos y Maura – estos sí, en la misma situación- consideró que sólo son “testigos de asistencia.”

Por su parte, Heleodoro insistió que su participación ha sido completamente legal, “no soy tramposo”, identificándose como un abogado “incómodo para la Fiscalía.”

De los cinco imputados, únicamente Roy se reservó el derecho de declarar.

El juez de control encontró elementos suficientes para dictar auto de vinculación a proceso, por el delito de falsedad de documentos, en contra de César, Carlos, Maura y Heledoro, más no respecto a Roy, pues aunque también aparece una firma en la revocación del poder, que sería de él, a consideración del juez no se acreditó con otro dato de prueba que efectivamente sea la firma del ex contralor.

Heleodoro también fue vinculado a proceso por  delito cometido por abogados.

La resolución, que no prejuzga respecto a los imputados, no es definitiva y seguramente será combatida en otras instancias.

Se anunció un plazo de tres meses de investigación complementaria.

La agencia ministerial de la Fiscalía adelantó que solicitará la búsqueda de otras promociones jurídicas de Heleodoro, con lo que pretendería reforzar y probar el documento falso respecto a la citada revocación de poder.

La agencia ministerial cuestionó por qué el joven chofer no incluyó en sus declaraciones patrimoniales el citado terreno, a pesar de que trabajaba al lado del secretario de la Contraloría. O cómo es que supuestamente pagó un millón 10 mil pesos por el bien, monto que niega haber recibido el denunciante.

A consideración de la Fiscalía, con la declaración de César se pretende liberar de responsabilidad a los demás imputados, en especial a Rubio Salazar, actualmente suspendido como titular de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit.

Se recordó que en julio del 2012 el quejoso pactó un precio de dos millones 583 mil pesos por el terreno, de los que dio anticipo de 700 mil pesos, por lo que resultaría ilógico que dos meses después lo vendiera a un precio mucho menor.

Por tanto, se insistió que el traslado a favor de César fue en razón de las amenazas, y que la denuncia se presentó hasta 2018, esperando a que concluyera la pasada administración de gobierno.

A diferencia de la audiencia del jueves pasado, en esta ocasión Francisco Pérez sí asistió e, incluso, durante unas horas fue acompañado por su esposa. Anteriormente, Roy citó que su esposa y él son  compadres de la pareja, a petición precisamente de ésta y después de la fecha de las anunciadas amenazas.

La defensa de Roy fue especialmente combativa respecto a la versión del denunciante, resultándole inexplicable que si cuenta con ocho cámaras de seguridad en su casa, no haya grabado y anexado a la carpeta de investigación los momentos en que circulaban fuera de su casa dos camionetas con vidrios polarizados de los sujetos que lo amenazaron.

Mientras tanto, la agencia ministerial cuestionó cómo el joven César justificaría tener más de un millón de pesos en el 2012 –aunque, se repite, el denunciante afirma que no le fue pagado un peso y que firmó por miedo-.

Además, resaltó que ninguno de los abogados ofertó un peritaje sobre el documento de revocación del poder que, insisten, es legítimo, contrario a la apreciación de la Fiscalía, cuya falsedad no la ubica por las firmas estampadas, sino por la fecha plasmada, de enero del 2013.

La tos de varios se escuchó en la madrugada. Y gripa.

Algo tiene esa sala 5 que resulta más fría que las otras cuatro.

Este asunto va para largo.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com