Este miércoles, a solicitud de la agencia del Ministerio Público, el juez de control Osbaldo López Carvajal ordenó la inmovilización catastral de un terreno de más de seis mil metros cuadrados que se encuentra a un costado del centro comercial Forum, del lado de Sams y el llamado Puente Quebrado, al considerarse que podría ser producto de delitos como desaparición forzada, abuso de autoridad, secuestro, tortura, despojo de inmueble, amenazas, en agravio del señor José Cruz Corchado Partida y su hijo Víctor Hugo.

El inmueble se encuentra a nombre de Adriana Saldate Castillón, hermana del transportista Carlos Alberto Saldate, ex diputado local y ex dirigente del PRI municipal, a quien la representación de la Fiscalía General del Estado (FGE) calificó como un “prestanombres” del ex fiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

López Carvajal señaló que se enviarían los correspondientes oficios a dependencias catastrales, lo que detiene la venta u otro movimiento mientras continúa la investigación inicial.

Por el contrario, el juez no concedió el aseguramiento del bien como igualmente lo pidió la agencia ministerial.

Aunque no asistieron a la audiencia, de actos de control judicial en el expediente 155/2019, los hermanos Saldate fueron representados por un defensor particular, quien insistió que no debía darse la inmovilización catastral puesto que se les dejaría en indefensión jurídica. Consideró que los datos ministeriales no son suficientes, criticando aspectos como el hecho de que la denuncia y la valoración psicológica a los Corchado se efectuó varios años después de los hechos.

Que la denuncia haya sido interpuesta en el 2017, meses después de la detención del fiscal, no sería para menos: Veytia había advertido al señor José Cruz Corchado que podría matarlo a él y a su familia.

“Así por las buenas, quien no negocia”, relató la agencia ministerial que Corchado contestó al fiscal.

Según la amplia explicación, en el 2010 Víctor Hugo Corchado fue víctima de secuestro. Su papá consiguió un millón de pesos para pagar su liberación, y fue posteriormente cuando Carlos Saldate se le acercó, diciéndole estar enterado de que necesitaba dinero, por lo que se ofreció a comprarle el terreno. Según Corchado, le pareció extraño que Saldate tuviera información del secuestro. Le expuso que, en caso de vender, el metro cuadrado andaría en tres mil 700 pesos, pero Saldate ofreció pagarle a 393 pesos por metro.

“Te conviene venderme a mi, no vaya ser que te pase otra vez lo de tu hijo”, añadió en la denuncia ministerial.

En voz de una agente del Ministerio Público, en dos ocasiones Saldate habló con Corchado para indicarle que Veytia quería verlo. Decidió no ir, pero un grupo de policías encapuchados fueron por él, a su casa: “me dijeron que el jefe quería verme. Me llevan a la oficina de Veytia.”

Cuando el fiscal le dijo que quería el terreno, Corchado le respondió que ya tenía un acuerdo de venta con dos compradores, a lo que respondió que él se ocuparía de ello:

“Me dijo que Roberto –Sandoval Castañeda, gobernador- quería esos terrenos y azotó la pistola en la mesa. Le marcó al gobernador, reconocí la voz de Roberto:

– “‘Compadre, aquí encargándome del terreno frente a Sams’”.

– “‘Si no quiere aflojar, enciérrenlo unos días para que afloje’”.

Veytia terminó la llamada:

“Ya viste, compadre, Roberto quiere esos terrenos, o me los das así por las buenas o te parto la madre.”

Corchado añadiría a este reportero que Veytia le aseguró que él y su hijo podrían amanecer colgados de un puente, “pero colgados de los huevos”.

La denuncia ante la FGE precisa que Veytia explicó a Corchado que una fracción del terreno quedaría inscrita a nombre de Saldate, y la otra a persona diversa.

El quejoso abundó que la intimidación continuó varios años. Su hijo volvió a ser privado de la libertad por sujetos armados que “lo paseaban”.

En octubre del 2012 se materializaría una de las escrituras respecto a mil 975 metros cuadrados, por lo que fueron pagados 775 mil pesos, y una segunda escritura en abril del 2013 por tres mil 538 metros, con valor de cuatro millones 771 mil pesos, de los que sólo habría sido entregado una parte.

Oficialmente, José Cruz Corchado y su esposa María del Socorro Partida López vendieron a Servicios Gasolineros Ave Fénix, cuya administradora es Adriana Saldate.

En su denuncia, Corchado precisó que en una ocasión Carlos Saldate fue a su casa acompañado de individuos armados y le exigió ir en ese momento a una notaría pública para formalizar la venta. No podía oponerse.

Durante la intervención ministerial, se expresó que el ex diputado fue “prestanombres” de Veytia, además de que figura como “imputado” en la carpeta de investigación.

Corchado contaría más tarde que previo a los hechos narrados tenía acordada la venta del terreno en 30 millones de pesos a una asociación religiosa que pretendía construir una iglesia. La operación se vino abajo.

La citada audiencia de control judicial, efectuada en la sala 1 del Centro Regional de Justicia Penal, podría ser preámbulo de la posible judicialización del asunto Corchado, del que se han ocupado diversos medios de comunicación.

En agosto pasado, el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda se refirió al caso a través de redes sociales:

“…pero de la nota de señalamiento mediático donde un Sr. José Corchado que supuestamente fue despojado de su terreno del cual no conozco inclusive su ubicación, donde hace aproximadamente 2 años en la ciudad de México me enteré de forma directa de Carlos Saldate, el cual me comentó personalmente que es su asunto y donde él me explicó que yo no tenía y tengo nada que ver en este caso, de lo cual estoy seguro que no existir de mi persona ninguna llamada, indicación e intervención alguna, de este y ninguno que tenga que ver con un hecho ilícito…”

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com