“De las constancias procesales se advierte que las responsables (…), cuando manifestaron que se convocaría a una sesión de Cabildo a fin de discutir y aprobar el pago de la sentencia protectora, allegaron al incidente en que se actúa, un oficio dirigido al secretario del Ayuntamiento, a quien se solicitaba su apoyo para convocar a dicha sesión, en el que se precisaba que se había condenado por el pago de ciento treinta y nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional; lo que evidencia que no desconocían las responsables la suma que requerían cubrir.”
Así, del tamaño de 140 millones que deben pagarse es el problema que enfrentan autoridades del municipio de Bahía de Banderas, encabezadas por su presidente Jaime Cuevas Tello, contra quienes, por incumplimiento a una sentencia, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, ha propuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la inmediata separación de sus cargos (en referencia al presidente, secretario, tesorero y síndico municipal), “por no haber realizado los actos conducentes e incumplido con la sentencia de amparo de quince de noviembre de dos mil dieciocho…”
De igual forma, la propuesta de los magistrados de Circuito Martín Ángel Gamboa Banda, Carlos Hinostrosa Rojas y Álvaro Ovalle Álvarez incluye la consignación de los servidores públicos, “directamente ante el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, en turno, por el desacato a una sentencia de amparo”, en relación con incidente de inejecución 1/2019.
Durante el proceso del citado incidente, las autoridades municipales justificaron la imposibilidad para cumplir con el fallo, señalando que en el Presupuesto de Egresos 2019 únicamente contaban con siete millones 812 mil 316 pesos para pagos de ‘sentencias y resoluciones de autoridad competente.’
La resolución exige que el Ayuntamiento “cumpla con el convenio elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, el diecinueve de marzo de dos mil quince, en el juicio civil ejecutivo (…) del índice del Juzgado Tercero de lo Civil en Puerto Vallarta, Jalisco”.
La audiencia por la inejecución de sentencia se efectuó el pasado 22 de agosto en las oficinas del Tercer Tribunal Colegiado, en Zapopan, Jalisco. La ponencia recayó en el magistrado Carlos Hinostrosa Rojas.
Más allá del desenlace que tenga el asunto, y si las partes llegan a un acuerdo antes de que la Suprema Corte emita su decisión, el fallo cobra relevancia para tantos juicios donde autoridades alargan su cumplimiento.
Uno de los muchos problemas que enfrentan especialmente los ayuntamientos son las demandas laborales, cuyas sentencias en ocasiones les resulta difícil cumplir.
Al hablar con medios de comunicación durante la mañana de este miércoles, el alcalde Jaime Cuevas se pronunció por dialogar con la contraparte para pagar “lo justo”, no en las altas cantidades que se mencionan, pues ello causaría un grave problema a la ciudadanía, dejándola sin servicios básicos como agua, drenaje.
Dijo confiar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La actual administración de Bahía de Banderas heredó el problema de los gobiernos que encabezaron Rafael Cervantes y José Gómez, el primero de ellos ya fallecido.
La construcción de lo que hoy se conoce como –‘Presidencia de Cartón’, inservible, cuya ocupación representaría un riesgo, y que supuestamente estaría en renta durante 25 años, ha generado esta problemática.
Y es que no es sólo la propuesta de destitución y consignación de los servidores públicos, sino que existiría otra demanda por el mismo tema en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Se menciona que en la maraña de irregularidades aparecen varias empresas, pero lo increíble es que vayan a pagarse tantos millones por una obra que no está en funciones. Que no sirve.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
