Fue interpuesta una denuncia penal contra quién resulte responsable por el caso «Presidencia de Cartón» en Bahía de Banderas, así lo aseguró el encargado del despacho de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, Héctor Benítez.
Entre los implicados se encuentran el ex alcalde de aquel municipio, José Gómez, además de funcionarios y ex funcionarios públicos, incluyendo el representante legal de este fideicomiso y de la empresa constructora.
La denuncia es por ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y asociación delictuosa.
De 2013 a la fecha, el ayuntamiento de Bahía de Banderas viene arrastrando consecuencias que afectan a su economía a partir de prácticas irregulares por esta edificación.
«Realmente este es un caso grave dónde se puede presumir que la corrupción una vez más causa daños y estragos a los presupuestos públicos», dijo el auditor tras referir que una auditoría especial reveló que el VIII ayuntamiento -presidido entonces por Rafael Cervantes Padilla (+) aprobó esta construcción y además firmó un contrato de asociación con un particular para otorgarle rentas mensuales por 25 años.
En el 2013 la empresa constructora a cargo del inmueble estimó el costo en 37.5 millones de pesos y luego el IX (2014-2017) Ayuntamiento encabezado por José Gómez Pérez instauró un fideicomiso para el cobro de las rentas del edificio y garantizarlas por los 25 años acordados y sumando más de 500 millones de pesos, declaró el auditor superior.
«El problema está en que las autoridades tendrían conocimiento, cuando firman este contrato de arrendamiento, de las fallas estructurales de las oficinas; no podían ocuparse y aun así firmaron este contrato de arrendamiento y lo peor es que lo elevan a categoría de cosa juzgada, que es lo que ha traído como consecuencia que el juez federal y luego el colegiado, resuelvan que el actual ayuntamiento pague de inmediatamente el monto de las rentas de un edificio que no tiene condiciones para ser ocupado y cuyas rentas ascienden hasta el momento a 140 y tantos millones de pesos», sostuvo Benítez Pineda.
Según Héctor Benítez, la auditoría especial también observó que el terreno no es propiedad del ayuntamiento, si no del ejido, además de que la obra careció de estudios de impacto ambiental y licencia de construcción.
