La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que solicitará 35 años de prisión en contra de un vigilante de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) a quien le fueron depositadas sumas millonarias desde cuentas de la casa de estudios.
El planteamiento se efectuó la tarde de este lunes al celebrarse la audiencia intermedia en la causa penal 1121/2018 en contra de José Ernesto “N” “N”, como probable responsable de los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, y enriquecimiento ilícito, los dos primeros como “cómplice auxiliador” del ex rector Juan López Salazar, y el último en su calidad de autor material directo.
La agencia del Ministerio Público añadió que igualmente se solicitaría la destitución como empleado universitario, la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 14 años, y la reparación del daño cuantificado en 126 millones 275 mil 876 pesos, correspondiente al resultado de una auditoría del año 2016 en la Universidad.
Respecto a María Guadalupe “N” “N”, la representación ministerial reveló que se pedirán 21 años de cárcel y la inhabilitación de nueve años.
La audiencia intermedia se celebró ante el juez de control Osbaldo López Carvajal y después de varias fechas diferida. Es el previo al juicio oral, que podría efectuarse en febrero del 2020.
La agencia ministerial y la defensa particular señalaron que no se encontraron condiciones para una salida alterna que evitara el juicio.
Dos abogados estuvieron presentes en la audiencia, uno como asesor y el otro como apoderado legal de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Según la explicación de la Fiscalía, el entonces rector Juan López Salazar –actualmente prófugo-, como “autor mediato” instruyó a la secretaria de Finanzas Marcela Luna López, y a la directora de Finanzas Claudia Esthela Santana Ibarra, para que materializaran las transferencias: más de 107 millones a cuentas de José Ernesto, y más de 16 millones a María Guadalupe.
La defensa particular planteó un incidente puesto que, explicó, el pasado uno de noviembre se solicitó la acumulación de juicios para evitar la dualidad de sentencias, ya que además de la causa 1121/2018, las número 1554/2017 y 1536/2018 guardan hechos similares en agravio de la UAN. La acumulación debía efectuarse en la causa más antigua.
El juez, que desconocía la solicitud, la declaró improcedente.
Previo a la realización del juicio oral, deberá conformarse un Tribunal de Enjuiciamiento que integrarían tres jueces, ante quienes se desahogarían las pruebas y la presentación de testigos, como las citadas Marcela Luna y Claudia Esthela Santana.
José Ernesto y María Guadalupe enfrentan el juicio en libertad, cumpliendo con medidas cautelares como la presentación a firma periódica.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
