La aprehensión de Mario Alberto Pacheco Ventura, quien fue secretario de Finanzas en una parte del gobierno de Roberto Sandoval Castañeda, forma parte de una investigación sobre la mañosa venta de un terreno de más de 12 mil metros cuadrados, y en la que estarían involucrados más ex funcionarios, entre ellos el ex director del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) Juan Jorge Santiago Ortega.
De acuerdo con los datos de imputación de la Fiscalía General del Estado (FGE), y de solicitud de vinculación a proceso en contra de Pacheco, al ser presentado este domingo ante el juez de control Armando Ramírez Flores, se estima una afectación al erario público de 80 millones 960 mil pesos.
La petición de vinculación es por los probables delitos de abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio indebido de funciones, y peculado, dentro de la causa penal 1875/2019.
Si bien el imputado solicitó el término de 72 horas para conocer la resolución correspondiente, el juez dictó la prisión preventiva oficiosa respecto al delito de ejercicio indebido de funciones, por lo que el ex funcionario permanecerá en prisión el tiempo que dure el juicio. La autoridad judicial no abundó más sobre el debate de prisión preventiva justificada que planteó el fiscal, y la petición de la defensa particular para que se dictara una medida cautelar diversa.
Puesto que el defensor reveló que Pacheco Ventura está bajo control médico porque en el 2017 fue donador de un riñón, se giró oficio al director de la penal de Tepic para que reciba la atención necesaria.
De camisa a cuadros en colores blanco, azul y rosa, durante la audiencia, al ex secretario de Finanzas se le veía pensativo, como en otra parte. Y despeinado. Fue aprehendido la tarde del sábado.
La narración de la agencia del Ministerio Público ubica el mes de junio del 2016 cuando se firmó un convenio con los señores Graciela Rojas Zavala y J. Jesús Villegas Domínguez, como compradores de un terreno de 12 mil 72 metros cuadrados ubicados en la colonia Valle de Matatipac, en Tepic, a un precio de cinco millones 92 mil 556 pesos, de los cuales fueron pagados dos millones.
Para el 2018, una revisión del caso por parte del Órgano Interno de Control del IPROVINAY arrojó diversas irregularidades, motivando la correspondiente denuncia en la Fiscalía.
Por ejemplo, se explicó que el terreno tendría una utilidad pública, de vivienda, más sin embargo posteriormente fue rentada a la cadena de tiendas Walmart; actualmente funciona una Bodega Aurrerá.
Si el propio convenio precisa que podría agilizarse la escrituración tan pronto se cubriera el adeudo, la agencia ministerial precisó que sí se escrituró, aunque a la fecha no se han pagado los más de tres millones de pesos.
En la escritura, Pacheco y otros funcionarios firmaron como cierto que se había cubierto al 100 por ciento el pago, contrario a la realidad y a la versión de la propia Graciela Rojas, que al ser llamada por el Órgano Interno de Control aceptó la suma pendiente e indicó que se cubriría con el anticipo de la renta, pactada a 15 años con Walmart, del 20 de junio del 2017 al 19 de junio del 2032. La firma del convenio de renta fue el tres de noviembre del 2017.
Uno de los datos en que insistió la agencia ministerial fue respecto a que el bien fue vendido en menos del 10 por ciento de su valor real, ello ateniéndose al dictamen de un perito que estableció que en junio del 2016 el terreno costaba 82 millones 960 mil pesos.
La representación de la FGE agregó, con base en testimonios de funcionarios del IPROVINAY, que la Junta de Gobierno del mismo no autorizó la operación, e igual tampoco se dio aviso al Congreso del Estado, a pesar de que el terreno tuvo un fin comercial.
El nombre de Juan Jorge Santiago Ortega fue mencionado varias veces en la audiencia. Se deduce que sería otro de los implicados.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
