El ex secretario de Finanzas del Gobierno del Estado Mario Alberto Pacheco Ventura podrá recuperar la libertad una vez que garantice cuatro millones de pesos, según se decidió este jueves durante la audiencia en que fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, y peculado.
La medida cautelar, originalmente de prisión preventiva oficiosa dictada por el juez César Armando Ramírez Flores, se cambió básicamente por razones de salud ya que, explicó la defensa particular, Pacheco es donador de riñón, debe evitar lugares de posible contagio, está bajo control médico, además de que cuida a su esposa y a una hija, ambas con padecimientos delicados.
La defensa también puntualizó que los delitos que se imputan no son considerados graves.
Al corrérsele traslado a la agencia del Ministerio Público, dijo estar de acuerdo con el cambio de medidas cautelares por razones de salud.
El juez Ramírez Flores concedió un plazo de 15 días hábiles para que el secretario de Finanzas en tiempos del gobernador Roberto Sandoval Castañeda garantice los cuatro millones de pesos y, una vez que continúe el juicio en libertad, se presente a firmar un día por semana, además de prohibírsele salir del país y tener comunicación con personas involucradas en los hechos, como denunciantes o testigos. El juez le precisó, ejemplificando que si encontraba a aquellos en un lugar público, debía retirarse de inmediato.
Puesto que no hubo mayor debate en el cambio de cautelares -salvo que la defensa proponía un millón de pesos y la agencia ministerial 10 millones-, prácticamente pasó a segundo término un reclamo de la asesoría de Pacheco, al señalar que –en la audiencia del domingo reciente- hubo un exceso en el dictado de la prisión preventiva oficiosa respecto al delito de ejercicio indebido de funciones, dado que esto último tiene como base una reforma constitucional del mes de abril reciente, mientras que los hechos atribuidos al ex secretario son del 2016, por lo que no debía dársele un efecto retroactivo en su perjuicio.
En una nota de este reportero del domingo último, se explicó que la imputación contra el ex secretario se debe a que en junio del 2016 firmó, al igual que el entonces director del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) Juan Jorge Santiago Ortega -actualmente prófugo-, una escritura relacionada con la venta de 12 mil 72 metros cuadrados ubicados en la colonia Valle de Matatipac, donde ahora se encuentra una Bodega Aurrerá –por avenida Tecnológico, salida a Guadalajara, en Tepic-.
A partir de los debates sostenidos entre la agencia ministerial y la defensa particular, se entendió con mayor detalle cómo surgió el precio de cinco millones 92 mil 556 pesos: es producto de un avalúo que consideró 64 lotes originalmente destinados a la construcción de casas de interés social; es decir, el avalúo disminuyó a favor de personas de escasos recursos que, se suponía, accederían al bien.
Sin embargo, puesto que en realidad se destinó a un establecimiento comercial, el dictamen pericial marcó que en junio del 2016 el terreno costaba 82 millones 960 mil pesos, no cinco millones.
Como ya fue citado en una nota de este reportero, el daño al erario público se estima en 80 millones 960 mil pesos. De los cinco millones, sólo dos millones fueron pagados por los compradores Graciela Rojas Zavala y J. Jesús Villegas Domínguez.
La tarea de la defensa particular, integrada por cuatro abogados, no sólo presentó argumentos a favor de Pacheco, sino que hizo alusiones en el sentido de que el problema concierne al IPROVINAY y a su entonces director Juan Jorge Santiago. La agencia ministerial replicó que no debía deslindarse la responsabilidad del imputado. Añadió que no cabría decir: “‘¡perdón, yo no sabía!’, no se vale que aluda ignorancia, era el secretario de Finanzas…”
Entre los nuevos datos revelados, se conoció que en el 2018 el Instituto Promotor de la Vivienda demandó la rescisión del contrato de compraventa ante el Juzgado Segundo Civil de Tepic.
Durante la explicación del dictado del auto de vinculación a proceso, el juez Ramírez Flores destacó un aspecto: si la defensa argumenta que Pacheco desconocía el origen del tema, y que sólo se imputa la firma de la escritura –en la que se asentó que los más de cinco millones ya habían sido pagados, lo que es falso-, resulta obvio que él se dio cuenta que los 64 lotes no eran destinados a personas de escasos recursos o a casas de interés social, pues nadie en esa situación tendría dos o cinco millones de pesos.
La autoridad judicial insistió que el entonces secretario de Finanzas, previo a estampar su firma en la escritura, debió conocer los antecedentes y verificar que todo estuviera en regla, por ejemplo que ya se hubiera cumplido con el pago.
De igual forma, consideró que sí se requería desincorporar la superficie con autorización del Congreso del Estado, puesto que los 64 lotes no se destinaron a vivienda de interés social.
La audiencia, dentro de la causa penal 1875/2019, se celebró en la sala 5 del Centro Regional de Justicia Penal.
El auto de vinculación a proceso, contra el cual podrán presentarse recursos, no prejuzga sobre la probable responsabilidad de Pacheco Ventura, que en la audiencia no emitió mayores comentarios.
El juez decidió un plazo de tres meses y medio de investigación complementaria.
La parte medular de la cuestionada operación apunta al ex director del IPROVINAY, cuyo paradero se desconoce.
Personas que conocen a Pacheco Ventura estiman que éste habría acatado una orden, probablemente del gobernador Roberto Sandoval, para firmar la escritura, sin imaginar el problema en que se metía.
Por lo pronto, tiene 15 días hábiles para garantizar cuatro millones de pesos; una vez cumplido, podrá seguir el juicio en libertad.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
