Esta tarde de sábado, el juez de control Osbaldo López Carvajal dictó auto de vinculación a proceso en contra del dirigente de taxistas Carlos Alberto Saldate Castillón, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro, y extorsión.
Por el contrario, dictó a su favor la no vinculación en cuanto a los delitos de abuso de autoridad, y tráfico de influencias, dentro de la causa penal 1882/2019.
De igual forma, se anunció un plazo de investigación complementaria de dos meses.
El ex diputado local por el PRI, que fue asistido por cuatro abogados particulares y se ha reservado el derecho de declarar, continuará el juicio en prisión preventiva, recluido en la penal de Tepic.
López Carvajal precisó que el fallo no prejuzga, sino que, en su consideración, sí existen datos que indican la probable participación de Saldate en hechos registrados el 24 de junio del 2016 en que una pareja de esposos fueron privados de la libertad, trasladados a la Fiscalía General del Estado (FGE) y, en el caso de varón, sometido a torturas. Amenazado de muerte por el entonces fiscal Édgar Veytia, esa noche le fue quitada una casa ubicada en Bahía de Banderas, aunque oficialmente, en la escritura pública firmada en la notaría 9, se justificó que la había vendido.
Buena parte de la audiencia, que transcurrió durante más de seis horas, la defensa particular alegó que las declaraciones de la pareja están “plagadas de contradicciones”.
Que si Saldate estuvo o no en la Fiscalía el día de los hechos fue parte del debate. La agencia del Ministerio Público sostuvo la declaración de la víctima en el sentido de que el hoy imputado le pidió que cediera a la petición de entrega de la casa.
En un choque por momentos rudo, la defensa y la agencia ministerial tachándose de ser desleales al procedimiento, la primera buscó disminuir credibilidad a la denuncia del agraviado, haciendo referencia a dos fichas de detención de tiempo pasado sobre delitos de fraude.
La agencia ministerial insistió que no existe contradicción en la versión de las víctimas.
Ante el reclamo de la defensa, que pidió se declara nulo un dictamen efectuado sobre la escritura 11 mil 984 de la notaría 9, diciendo que en todo caso debió solicitarse una orden de cateo, el agente del Ministerio Público defendió la actuación, precisando que se envió un oficio al notario Carlos Enrique Alfaro e, incluso, éste remitió una copia certificada del documento.
Alfaro, se repitió nuevamente en la audiencia, ha negado que a altas horas de aquel 24 de junio haya sido firmada la escritura en su oficina. Se ha mencionado el nombre de una empleada, no el de él, como la persona que pidió a la víctima que firmara la escritura.
Un dato divulgado este sábado precisa que la cuestionada escritura tiene fecha de 16 de julio del 2013, no el 24 de junio del 2016.
Según la agencia ministerial, lo anterior tiene una explicación: el 17 de octubre del 2012 fue publicada la llamada Ley Antilavado que entró en vigor el 17 de julio del 2013; es decir, un día después de la fecha que tiene la escritura. Con ello se evitó un procedimiento sobre el origen de los recursos de la supuesta compra.
Más: la agencia anunció que la referida escritura quedó inscrita en oficinas de catastro de Bahía de Banderas el 22 de septiembre del 2016; es decir, a tres meses de la mañosa operación, no en el 2013.
El juez de control explicó que no vincularía a Saldate por los delitos de abuso de autoridad, y tráfico de influencias, puesto que ello atañe a funcionarios públicos. Se deduce que sí aplicaría al ex fiscal Veytia y a un comandante de policía mencionado en el secuestro y tortura.
El juez López Carvajal observó que la defensa no debatió el hecho denunciado; es decir, la privación ilegal de la libertad de la pareja.
Agregó que con los datos sí se justifica el delito de secuestro porque el fin era quedarse con la casa ubicada en Bahía de Banderas. La señora agraviada se quedó en la Fiscalía como “rehén” mientras su esposo era llevado a la notaría.
Al referirse a la probable participación de Carlos Alberto Saldate, el juez estimó que ello se dio no durante el plagio, sino posteriormente, como negociador, de coautoría: “tuvo una participación fundamental…”
Insistió que este sistema de justicia tiene un estándar bajo para el dictado del auto de vinculación a proceso, por lo que no se prejuzga respecto al imputado.
La agencia ministerial refirió que en la investigación complementaria se entrevistará a un ex director de la penal que, según el denunciante, estuvo presente cuando Veytia le advirtió que podría enviarlo al área de enfermos mentales de la penal. De igual forma se indagará sobre una empleada de la notaría mencionada en los hechos, entre numerososaspectos.
Como sucedió el miércoles reciente, decenas de personas con camisa o blusa blanca se presentaron al Centro Regional de Justicia Penal en apoyo de Saldate.
Se destinó un mayor número de policías estatales para mantener el orden.
Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
