Pavel Emilio Valdés Valbuena, quien en el gobierno anterior fue director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) –ahora Fiscalía-, y posteriormente director de la penal de Tepic, dijo estar amenazado de muerte, por lo que solicitó la toma de medidas urgentes “para salvar mi vida.”
Arrastrando las palabras y a punto de romper en lágrimas ante la jueza María Luisa de León Mejía, la expresión del abogado fue vertida la mañana de este lunes durante la audiencia de declaración preparatoria ante el Juzgado Segundo Penal del sistema tradicional, luego de que el sábado 26 fue aprehendido por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento de secuestro.
“He sido objeto de amenazas (…), solicito se tomen medidas al respecto ya que temo por mi vida (…), las medidas de seguridad no son las adecuadas para estar yo aquí. Solicito medidas urgentes para salvar mi vida.”
Por su parte, un defensor particular pidió al Juzgado Penal la emisión de oficios para que se concretara de manera urgente el traslado al penal federal El Rincón.
La orden de aprehensión contra Pavel Valdés, dentro del expediente 19/2019, tiene relación con la denuncia interpuesta por el señor Agustín Magallanes Paz, uno de los casos emblemáticos de abuso de poder en el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda y del fiscal Édgar Veytia, puesto que Magallanes sí denunció los hechos en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), aunque con nulo apoyo.
Según la denuncia de Magallanes, al anochecer del 10 de abril del 2012 fue interceptado por policías encapuchados, antes de llegar a su casa en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela. Manejaba una camioneta Toyota.
Trasladado a Las Varas, luego a la cabecera municipal, finalmente arribó a Tepic, a instalaciones de policía de la hoy Fiscalía General del Estado. Contó que, esposado al igual que otras personas, accedieron a pagar la cena a policías de guardia a cambio de que les quitaran las esposas. Pero en la madrugada fue torturado. Se le colocó una venda en los ojos y recibió toques eléctricos en el cuerpo.
Se le exigía que firmara una cesión de derechos a favor del ejido La Peñita de Jaltemba, correspondiente a cinco mil 750 metros cuadrados que se ubican a la altura del kilómetro 91 de la carretera que conduce a Puerto Vallarta, con el argumento de que había sido una promesa de campaña de Roberto Sandoval.
De acuerdo con la lectura de una secretario de acuerdos del Juzgado Penal, el agraviado menciona a Pavel Valdés como una persona que le gritó e hizo referencia al “lío” en que estaba metido.
Igualmente describe a un hombre que no conocía pero le hizo una seña para que se acercara, y le soltó un manotazo en la cara: era Veytia, amenazando con meter a sus hijos y a él a la cárcel, asegurándole que tenía gente vigilando sus negocios: “me dijo que yo tenía la llave” para decidir cómo quería que procediera.
Magallanes terminaría por firmar una cesión de derechos que dictó el propio Veytia en una sala de juntas donde estuvieron representantes del comisariado ejidal: “fui despojado”.
Si el terreno costaba entonces unos tres millones 500 mil pesos, se asentó que recibía 500 mil pesos, pero Veytia solamente le entregó la mitad y se quedó con el resto; incluso, policías lo acompañaron a un banco para que los depositara.
Dado que Magallanes se resistió a retirar la denuncia en la PGR y en otra instancia federal, deduce que Veytia ordenó la quema de un restaurante de su propiedad, cumpliendo sus amenazas.
“En lo que a mi respecta, no es cierto lo que me imputan. Es totalmente falso”, expresó Valdés Valbuena en su declaración preparatoria, para luego dar paso a su solicitud de traslado a la prisión federal.
La defensa consideró que no se tiene ningún indicio para corroborar el dicho del ofendido respecto a Pavel, y solicitó la ampliación del término constitucional.
A su vez, la agencia del Ministerio Público cuestionó a Valdés si en la época que pasaron los hechos se desempeñaba como director de Averiguaciones Previas, y cuáles eran sus funciones como tal.
Pavel se reservó el derecho de contestar.
En la parte inicial de la audiencia se le explicó que el delito de encubrimiento de secuestro no permite fianza, por lo que permanecerá en prisión al menos hasta que se resuelva su situación jurídica.
El caso Magallanes se mantendrá en el sistema tradicional puesto que en el 2012 aún no iniciaban en Nayarit los juicios orales. La audiencia de declaración preparatoria se efectuó en el enrejado que comunica a los juzgados con la penal, en un espacio reducido, de algunos dos por tres metros y donde había 13 individuos, entre ellos familiares del detenido.
Una bomba de agua siempre estuvo prendida a corta distancia, además de que abogados y empleados judiciales cruzaban a otros diminutos cubículos para cumplir diligencias: “¡Daniel Alberto, Daniel Alberto!”, se escuchaban gritos a fin de que el mencionado reo se acercara.
Hace años, Pavel Emilio laboró en el Poder Judicial del Estado. La jueza Segundo Penal María Luisa de León Mejía lo saludó con emotividad: puso una mano en la reja metálica y él, del otro lado, la suya. Palma con palma, separadas por una malla.
Con padecimiento de presión alta, el detenido aceptó que sí recibe el medicamento.
Lo urgente era su traslado a la prisión federal que, trascendió, podría resolverse en las próximas horas.
Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
