El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con oficinas en la Ciudad de México, negó la suspensión definitiva solicitada por el ex gobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda respecto al aseguramiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, conocida el pasado mes de mayo.
El fallo, resuelto en la última semana de enero reciente dentro del toca 352/2019, confirma lo expuesto por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, que había negado tal suspensión.
Si bien la sentencia omite nombres, datos sensibles de la investigación y en su lugar coloca asteriscos, sí da luz, por ejemplo, del reclamo de Sandoval Castañeda a través de sus abogados, por el “bloqueo, inmovilización y/o suspensión de operaciones de las cuentas bancarias, contratos e instrumentos bancarios o financieros de los quejosos…”, o bien “el acuerdo por el que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haya incluido a los quejosos en la lista de Personas Bloqueadas.”
Según se refiere, al estar incluidas en “la Lista de Personas Bloqueadas”, se les suspende “la realización de actos, operaciones y servicios con los clientes o usuarios, imposibilitándolos tanto para abrir nuevas cuentas como la cancelación de las vigentes, así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan, incluyendo los casos en que las personas designadas aparecieran como titulares, cotitulares, firmantes y/o autorizados, fideicomitentes, representantes legales y/o apoderados.”
Para llegar a la sentencia, el Tribunal Colegiado hace un análisis y explica que “la orden de bloqueo reclamada responde al cumplimiento de compromisos de cooperación internacional que llevaron a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de las personas directamente incluidas en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y sus relacionadas, es decir, derivado de obligaciones de carácter bilateral y multilateral asumidas por el Estado Mexicano a través de la ratificación de la Convención de Palermo y la Convección de Mérida, así como a la obligación del cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera, específicamente las que versan sobre el ‘decomiso y medida provisionales.’”
Se precisa que el amparo en revisión reclamó “que los Estados Unidos de América no tiene jurisdicción sobre hechos de corrupción que menciona la notificación, pues las supuestas conductas fueron cometidas en el Estado de Nayarit…”
Por unanimidad de votos de los magistrados Oscar Fernando Hernández Bautista, presidente y ponente del estudio, Alfredo Enrique Báez López, y Moisés Chilchoa Vázquez, secretario en funciones de magistrado, el Tribunal Colegiado anunció:
“Con base en lo expuesto –sin perjuicio de lo que habrá de ser motivo de pronunciamiento por el juez de amparo al resolver el fondo del asunto-, se estima suficiente por el momento, el contenido de la notificación de nueve de mayo de dos mil diecinueve, signado por el agregado de la OFAC, dirigida al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (cuyo contenido fue transcrito por los recurrentes y expuesto por la responsable en su informe justificado) en donde manifiesta (…)
“Para tener por demostrado que la referida solicitud se dio en el marco de un compromiso internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y, por ende (…), es legal la determinación del juzgador de negar la suspensión definitiva a los quejosos.”
Tras negarse la suspensión definitiva, se deduce que lo siguiente será estudiar el fondo del amparo de Roberto Sandoval, promovido ante el citado Juzgado de Distrito de la Ciudad de México.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
