El juez de control Guillermo Agustín Romero Ríos resolvió la suspensión temporal del cargo de Julio César Betancourt García como director General de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tepic, a quien esta tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) le formuló imputación por su probable responsabilidad en los delitos de robo calificado, abuso de autoridad, y el de oposición a que se ejecute una obra de servicio público.

Además de la medida cautelar de suspensión del cargo, solicitada por la Fiscalía, se decidió la presentación a firma de Betancourt cada 15 días y la prohibición de salir del estado durante el tiempo que dure el juicio.

“Mis órdenes no fueron obedecidas (…), con estas medidas me dejan sin trabajo (…), tendré que hacerle frente”, expresó a las 4:46 de la tarde en que finalizó la audiencia dentro de la causa 11/2020, en la sala 2 del Centro Regional de Justicia Penal, en Tepic.

La agencia del Ministerio Público que representó a la FGE mencionó numerosos datos, en especial la testimonial de elementos de la propia dirección de Policía Vial, que establecen que fue Betancourt quien la noche del pasado nueve de septiembre  ordenó recoger vehículos chatarra y con ellos bloquear las salidas de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a propósito del problema que se tenía con la dependencia por el corte de energía a pozos del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

Según la narración ministerial, Ciro Alejandro Ramos, director de la Policía Vial, detalló una reunión a la que asistieron diversos comandantes y donde Betancourt ordenó el operativo. Ramos a su vez transmitió la indicación a los elementos que trabajaban esa noche.

Entre otros, se recogieron una camioneta Ford Bronco modelo 1990, color negro, y un vehículo Honda tipo Accort, modelo 1997, gris, afuera de un negocio de chatarra que se ubica por el bulevar Bellavista, antes de llegar a la curva del Tajo. Ya en la madrugada del 10 de septiembre, el primero de ellos fue abandonado frente a la CFE, por avenida México frente al CONALEP, y el otro en las oficinas de la colonia San Juan.

El asunto es que la mañana de ese día, el dueño de los carros denunció los hechos ante la Fiscalía, advirtiendo que los carros eran suyos pero deslindándose. En el traslado se utilizaron grúas, según la versión de los elementos de vialidad involucrados.

Acompañado por una defensora particular, el imputado aceptó rendir declaración, a través de la cual intentó deslindarse del asunto, explicando que el retiro de vehículos chatarra de la vía pública es necesario porque representan un foco de infección, suelen ser nido de delincuentes e, incluso, en los mismos ha habido violaciones.

Señaló que los operativos generalmente se realizan de noche para evitar reacciones de personas que han llegado a lanzar golpes. Aclaró que son los elementos de vialidad quienes, a su vez, diseñan las acciones.

Negó que hubiera ordenado el traslado de los carros a la Comisión Federal de Electricidad.

Una situación evidente fue la deficiente defensa particular del funcionario municipal.

Si un imputado tiene el derecho de guardar silencio, en este caso se le orientó la declaración y, además, que respondiera un interrogatorio de la agencia ministerial, que buscó acorralarlo para probar no sólo que dio la citada orden, sino que en todo momento supo del operativo.

De igual forma, Betancourt aceptó divulgar sus datos personales en la audiencia –su domicilio, número de teléfono, nombre de sus padres, entre otros-, cuando generalmente se pide que se haga reservada.

En un hecho inusual, la defensa hizo una anotación en un pedazo de papel y se lo pasó a una persona del público, lo que provocó la intervención de un policía que resguardaba la sala y del propio juez, que le reprochó su actuar:

– ¡No me diga nada! –señaló Romero Ríos cuando la defensora pretendió explicarle. El asunto fue salvado con un receso de 10 minutos. La prohibición de comunicarse del público y los participantes en audiencias es tajante. Ni con señas.

Otro aspecto es que no se promovió de manera previa un juicio de amparo.

Además, Betancourt García arribó a la sala a las 2:30 de la tarde, justo la hora marcada para inicio, a pesar de que por la mañana se hizo llegar un justificante médico advirtiendo que no se presentaría.

La audiencia de vinculación a proceso será resuelta la próxima semana.

Mientras la agencia ministerial planteó que el delito de abuso de autoridad forma parte del catálogo que obliga a la suspensión del cargo, la defensa consideró que era una medida cautelar desproporcionada. Reconoció que Betancourt se hubiera presentado a pesar de que tiene secuelas por un padecimiento de salud que lo mantienen con “defensas bajas.”

El juez consideró que sí existe un riesgo en la obstaculización de la investigación, puesto que Betancourt es el superior jerárquico de la mayor parte de los testigos que declararon en su contra.

La suspensión del cargo es temporal mientras transcurre el juicio y no prejuzga sobre su probable responsabilidad.

Betancourt García continuará el juicio en libertad, cumpliendo con una firma quincenal.

* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com