Tepic.- La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (CEDH) emitió un pronunciamiento dirigido a las 20 alcaldías de la entidad, para evitar cualquier detención ilegal o arbitraria, amparada en las estrategias extraordinarias para prevenir contagios por coronavirus.

«(Que) giren las instrucciones necesarias a todas las personas servidoras públicas municipales para evitar cualquier detención ilegal y/o arbitraria, se tomen medidas necesaria, oportunas y suficientes para impedir cualquier restricción o suspensión de derechos o de sus garantías, aún las de manera temporal, que sea injustificada y que conlleve la trasgresión de los derechos humanos de las personas residentes, visitantes o de tránsito en la jurisdicción de cada municipio del Estado de Nayarit» solicitó el ombudsperson, Maximino Muñóz de la Cruz.

En este sentido también solicitó que las autoridades municipales prevengan, investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos, que puedan ocurrir durante la aplicación de las estrategias sanitarias.

La CEDH señaló a los alcaldes que todo acto de autoridad que lleven a cabo, debe estar fundamentado en normas jurídicas vigentes, expedida de conformidad con la Constitución Política y actualizados los presupuestos normativos para su aplicación.

Por ello les solicita a los munícipes, que «giren las instrucciones necesarias para que a la brevedad sea retirada cualquier  información oficial que se haya emitido y que resulte contraria a lo establecido en el presente Pronunciamiento», dijo el ombusdperson.

Finalmente, la Comisión exhortó a los 20 presidentes municipales nayaritas, para que todas la información oficial sea accesible, disponible y sensible, además de eficaz y oportuna para sus gobernados sin excepción.

«(Que) Se tomen medidas necesarias (…) con enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos. Siempre tomando en cuenta la dignidad y las condiciones particulares de la población, de tal manera que se asegure la prioridad en el ejercicio de sus derechos, brindándole protección oportunidad necesaria.» expuso la CEDH.

Finalmente, el organismo recordó a las autoridades que su actuación está sometida al principio de legalidad administrativa y que sus actos tienen un límite en la ley, y que de ir más allá, podrían darse violaciones de derechos humanos, bien porque la medida resulta contraria a la ley o porque durante la ejecución del acto se realizó con excesos o deficiencias.