Cuando se creía que Roberto Sandoval Castañeda sería detenido para ser extraditado a Estados Unidos, tras ser señalado de colaborar con el narcotráfico. O si se suponía que la Fiscalía General de la República (FGR) lo llevaría a prisión, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias y la de familiares, resultó que todavía no.
Pero quién ya formalizó que pretende sentar al ex gobernador de Nayarit en el banquillo de los acusados es la Fiscalía General del Estado (FGE) con un asunto al que no se necesita darle muchas vueltas: el de probable falsificación de documentos y de firma, un sello de la casa, un estilo truculento de funcionarios de la administración de Sandoval para hacerse de bienes, en este caso de 58 hectáreas que se ubican en el ejido de Aután, municipio de San Blas.
Según un seguimiento que este reportero ha dado al asunto, desde 2018 el propio Roberto Sandoval dejó constancia de que hay cosas turbias en ese asunto. Fue él quien interpuso un amparo temiendo que la FGE asegurara esas tierras, pero algo habrá advertido el Juzgado de Distrito que, si bien dio entrada al juicio de garantías, anotó en un acuerdo que “sólo le reconoce indiciariamente la calidad de propietario”.
Sin embargo, tiempo después, Sandoval impidió que se conociera el desenlace porque retiró el amparo antes de su resolución.
¿Qué podría esconderse detrás de esta historia?
Si supuestamente Roberto Sandoval adquirió esas 58 hectáreas en el 2012, a principios de su administración, ¿qué necesidad tendría un gobernador de cargar con algo que parece chueco?
La Fiscalía General del Estado ya formalizó la petición para que Sandoval Castañeda se presente ante un juez de control a una primera audiencia de formulación de imputación por parte de la agencia del Ministerio Público.
Se cree que si acude a la audiencia, lo haría previa tramitación de un amparo para asegurarse de que no se le impondría la medida cautelar de prisión preventiva, sino enfrentar los cargos en libertad y presentarse a firmar de manera periódica.
En cambio, si no asiste, es probable que se solicite orden de aprehensión.
Si ya existe la solicitud para que un juez requiera al ex gobernador, sería obvio que la Fiscalía cuenta con dictámenes periciales que acreditarían que existió una falsificación de documentos, con una firma igualmente falsa.
Se trata de un asunto directo; es decir, no de tanto seguimiento a cuentas bancarias o bienes inmuebles para acreditar un enriquecimiento ilícito, sino sobre determinados documentos y firmas que, se asegura, son falsas.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
