Un ex policía estatal habría aceptado ser testigo en uno de los tantos casos de horror cometidos en tiempos del fiscal General de Justicia Édgar Veytia: el de la detención y tortura del joven Miguel Ángel García Pérez, ocurrido a finales de noviembre del 2014.
Como es del conocimiento público, García Pérez, cuya salud fue deteriorándose, falleció en septiembre del año pasado.
Su dramática historia es la que mantiene en prisión preventiva a quien fue su cuñada, Sulma Rosario Altamirano Estrada, identificada políticamente con el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda. Fue regidora en el Ayuntamiento de Tepic y delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se le atribuye algún presunto involucramiento en la planeación de las torturas de las que Miguel Ángel fue objeto, a quien –en su momento declaró él- presionaba para que cediera la custodia de sus tres hijos.
Sulma lleva ocho meses en prisión, teniendo a cuestas un auto de vinculación a proceso. Actualmente mantiene un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, luego de que hace meses un Juzgado de Distrito le negó el amparo.
Que uno de los policías que en el 2014 conoció la situación de García ahora cuente con un criterio de oportunidad, no serían precisamente buenas noticias para Altamirano Estrada, dado que, se deduce, el ex agente se convertiría en testigo clave en caso de que la causa penal que se sigue a la ex funcionaria llegue a juicio oral.
Tal y como ha sido informado por este reportero, entre el 28 de noviembre y el tres de diciembre del 2014 Miguel Ángel estuvo en prisión, sometido a torturas, pretendiéndose que confesara la muerte de su esposa Gladis Denisse Altamirano Estrada, cuyo deceso fue durante la ingesta de alimentos.
Al acreditarse que nada tuvo que ver, el joven fue puesto en libertad. Pero ya había sido torturado.
El año pasado, al presentarse ante un juez de control previa tramitación de un amparo, se conoció que el ex policía tuvo conocimiento sobre el delito que entonces se inventó a Miguel Ángel para justificar su detención, de desobediencia y resistencia de particulares.
La causa penal podría arrojar mayores evidencias sobre la facilidad con que durante varios años se usó ese delito para mantener en la cárcel a personas y presionarlas por diversas causas, como el despojo.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
