La resolución de la Secretaría de la Contraloría estatal que inhabilitó al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Raymundo García Chávez ‘Mundito’ para ocupar cargos públicos durante un año, a partir de que quede firme el fallo, acaso habría puesto al que fuera secretario técnico del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda ante la posibilidad de dejar la magistratura.
Según fue indicado ayer en este medio de información, García Chávez intenta impedir los efectos de la sentencia administrativa, como por ejemplo que el Congreso del Estado proceda a retirarle la magistratura o que el asunto sea inscrito en la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN).
Hasta donde se conoce, la inhabilitación fue dictada por un problema relacionado con la declaración patrimonial por conclusión del cargo, cuando dejó la secretaría técnica.
El asunto es que el magistrado ha interpuesto un juicio ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo pero, según se advierte, la suspensión provisional que se le concedió podría no frenar la inhabilitación.
Por ello, García Chávez presentó un recurso de queja en contra del Juzgado de Distrito, que tocó estudiar al Segundo Tribunal Colegiado de esta ciudad, que la determinó infundada.
Se explicó de la siguiente forma:
“Así las cosas, opuesto a lo aducido por el quejoso (…), se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya definió que la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la suspensión en el amparo, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública y tiene como fin excluir al servidor público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él por haber incurrido en la comisión de alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto, y que se excluya a aquellas personas que no son idóneas para tal fin.”
Y frente a los argumentos planteados por el magistrado administrativo, se anotó:
“En consecuencia, se desestima la totalidad de los agravios, puesto que en el caso es improcedente conceder la suspensión solicitada (…), ello, dado que se impediría la ejecución de un acto tendente al debido desempeño de la función pública y se estaría privilegiando el interés particular del quejoso sobre el interés de la colectividad.”
Como ya se anotó líneas arriba, el magistrado pretende que el Congreso del Estado no proceda a la separación del cargo, sin embargo, precisó el Tribunal Colegiado:
“…no podrían ser materia de la suspensión provisional, pues con ello se obstaculizaría el procedimiento tendente a la ejecución de la resolución reclamada, es decir, a la inhabilitación del servidor público, lo cual, como se lleva visto, no es susceptible de suspensión.”
Más adelante, se agregó:
“Sólo resta precisar que los criterios jurisprudenciales y aislados que el recurrente invoca en apoyo de la pretensión de obtener la suspensión provisional del acto reclamado mediante el cual se dispone su inhabilitación por el término de un año para desempeñar funciones en el servicio público, son inatendibles en la medida de que los agravios fueron declarados inoperantes al existir criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya observancia resulta obligatoria para este Tribunal Colegiado…”
La resolución que declara infundado el recurso de queja fue votada de manera unánime por dos magistrados y un secretario de acuerdos en funciones de magistrado que integran el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de esta ciudad. La misma ha sido remitida al Juzgado de Distrito.
La interrogante es qué pasará ahora. Si el Congreso del Estado podría proceder a retirarlo del cargo.
Como se ha repetido en varias ocasiones, García Chávez enfrenta por separado una solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la Cámara de Diputados para quitarle el fuero y poder llevarlo ante la justicia como probable responsable de diversos delitos.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
