Luego de varios tiroteos en las escuelas de Estados Unidos en los que alumnos perdieron la vida, un vecino de Hancock, Indiana, Todd Drummond, concibió la idea de escritorios a prueba de balas.

Su creación está diseñada para poder albergar a un menor en caso de producirse un incidente.

El escritorio con un peso de 60 kilómetros está hecho con materiales de gran resistencia y «puede resistir el impacto de una pieza de bolos a 88 kilómetros por hora.

El pupitre cuenta con una compuerta que protege su interior y «se necesitaría una fuerza tremenda para abrirlo», afirmó el inventor.

Cada escritorio tiene un valor de 1,800 dólares pero busca a través de donaciones regalarlos a las escuelas menos favorecidas y evitar futuras masacres de estudiantes.

Una investigación de diversas organizaciones de periodistas sacaron a la luz las exigencias de la farmacéutica Pfizer a los países de Latinoamérica para venderles sus vacunas contra el coronavirus.

De acuerdo a The Bureau of Investigative Journalism, la compañía Pfizer exige a los gobiernos latinoamericanos que pongan como garantía sus activos soberanos como edificios de embajadas y bases militares para sortear los costos de futuros casos legales.

Esta condición se refiere a que los gobiernos indemnicen a la farmacéutica por su propia negligencia, es decir, si alguien demandan a Pfizer por daños por la vacuna, el gobierno debe indemnizar a la empresa por los costos que le genere la demanda.

En América Latina y el Caribe Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos.

«Pfizer solicitó una indemnización adicional de los casos civiles, lo que significa que la empresa no sería responsable de los efectos adversos raros o de sus propios actos de negligencia, fraude o malicia. Esto incluye aquellos vinculados a las prácticas de la empresa, por ejemplo, si Pfizer envió la vacuna incorrecta o cometió errores durante la fabricación», cita la investigación.

Una mujer identificada como Ana Estrada Ugarte, logró un fallo de la Corte Superior que ordena al Ministerio de Salud de Perú de respetar su decisión de ponerle fin a su vida mediante la eutanasia.

Desde hace un año, la mujer demando al estado para que reconozca su derecho a una muerte en condiciones dignas debido a que la enfermedad que padece (polimiositis) la mantiene postrada sin poderse mover desde que tenía 12 años.

“Los efectos desplegados por dicha norma (Artículo 112 del Código Penal) lesionan su derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas, a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y constituye, además, una amenaza cierta e inminente a no sufrir tratos crueles e inhumanos”, señalaba el comunicado de la defensoría.

Con información de La República

Un hombre en China deberá pagarle a su ex esposa cantidades de miles de dólares en compensación por las tareas domésticas asumidas durante cinco años de matrimonio, así lo ordenó un tribunal en aquel país.

De acuerdo a medios locales, una ama de casa exigió la restitución de casi veinticinco mil dólares a su esposo, esto después de solicitar el divorcio ante un tribunal de Beijing. La mujer declaró que se quedó al cuidado de su hijo y las tareas del hogar, mientras que el esposo no se preocupaba por esas actividades.

El fallo del tribunal otorgó la indemnización de casi ocho mil dólares a la mujer, por concepto de indemnización. La mujer también recibió la custodia de su hijo y una pensión mensual de 300 dólares.

Este sería el primer proceso exitoso en su tipo, que se apega a las nuevas leyes civiles de China, cuyo objetivo es proteger los derechos de sus habitantes.