Tepic.- Defender los derechos de los trabajadores activos y jubilados busca el exhorto aprobado en Sesión Pública Ordinaria virtual por las diputadas y diputados de la Trigésima Segunda Legislatura para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión incorpore en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el salario mínimo sea la referencia del pago de derechos y aportaciones relativas a la seguridad social del trabajador.
Se busca además que sea estipulado en sus leyes reglamentarias para que los trabajadores que decidan jubilarse, el tope de las pensiones sea calculado en salarios mínimos y se respeten las disposiciones originales del Décimo Transitorio de la reforma del ISSSTE del 2007 para la determinación de los límites de la pensión por jubilación.
En el exhorto se argumentó que el pasado 17 de febrero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivado de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, razón por la que esta Legislatura pide reconsiderar esta determinación legislativa y dar prioridad a los derechos de los trabajadores.
El iniciador de la propuesta, diputado Ignacio Alonso Langarica Ávalos, comentó que “esta decisión ha causado controversia y no sólo está afectando los ingresos y derechos humanos laborales adquiridos de los trabajadores jubilados, sino que atiende criterios de tipo económico, financiero, incluso políticos”.
“Queremos que se promuevan cambios al régimen de pensiones que fortalezcan la viabilidad del ISSSTE y se garanticen los derechos y el bienestar de las y los trabajadores al servicio del Estado”, enfatizó Langarica Ávalos.
En el desarrollo de la misma Sesión se dio el voto afirmativo al acuerdo que contiene el Plan de Trabajo del Congreso del Estado dictado en el expediente TEE-JDCN-04/2019.
En este acuerdo se establece el procedimiento para cumplir la Sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit dictada en el expediente TEE-JDC-04/2019 para garantizar el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas para elegir a sus representantes ante los Ayuntamientos y puedan tener voz en los asuntos indígenas o que impacten en sus comunidades.
