El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo Penal y el Segundo de Distrito de Amparo Civil y Administrativo, ambos en Tepic, mantienen posturas distintas respecto a cuál de ellos corresponde estudiar el juicio por el bloqueo de cuentas bancarias reclamado por Luis Manuel Hernández Escobedo, dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN).
A mediados de este mes, el tema Hernández Escobedo recayó en el Juzgado Tercero, que se declaró incompetente para conocerlo y lo remitió al Juzgado Segundo, pero éste igualmente justifica incompetencia.
Si bien el bloqueo de cuentas generalmente corresponde a juzgados de Distrito de Amparo Civil, en el caso el Juzgado Segundo observa que es incompetente porque el quejoso no sólo reclama actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que también incluyó a las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE), porque no descarta que fueron autoridades ministeriales quienes solicitaron el referido bloqueo.
En ese sentido, se explicó que “…los actos reclamados son de naturaleza penal, ya que las autoridades responsables despliegan sus diligencias conforme a las leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas…”
Y más adelante, se abunda:
“En ese orden de ideas, es evidente que el quejoso atribuye que fueron las autoridades ministeriales antes referidas las que solicitaron a las diversas autoridades que señaló el quejoso en su escrito de demanda, la orden de bloqueo de las cuentas de mérito, por tanto, si las autoridades de referencia –autoridades ministeriales- realizaron la solicitud respectiva es lógico presumir la existencia de una investigación ministerial que haya dado como resultado la solicitud de aseguramiento o bloqueo de las cuentas…”
Hernández Escobedo también señaló como autoridades responsables al presidente de la República, Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, al considerar que se violan sus derechos a través de la Ley de Instituciones de Crédito, la que tilda de inconstitucional.
El dirigente del SETUAN recuerda que desde el 17 de enero del presente año le ejecutaron dos órdenes de aprehensión en su contra, “por delitos que no cometí”, y que se encuentra con medida cautelar de prisión preventiva, recluido en la cárcel federal El Rincón.
Entre las numerosas autoridades citadas en el juicio de amparo, se encuentran diversos bancos que, en acatamiento a la respectiva orden, bloquearon las cuentas aparentemente en la primera quincena de abril.
Debido a las distintas posturas de los jueces federales, la competencia del asunto deberá ser decidida por un Tribunal Colegiado.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
