“El día que entreguen, si les toca entregar abril y mayo, ese día nada más hablen de Roberto Sandoval, no hablen del PRI. Al otro día, sin producto para que no los vayan a estar grabando, sí hay que hablar ahí de Roberto Sandoval y del voto para el PRI.”
Lo anterior sería parte de un audio ventilado en el 2017 con voz del entonces gobernador de Nayarit, lo que confirmaba el uso de recursos a través del Programa de Seguro Alimentario (PROSA) para la campaña del Partido Revolucionario Institucional, por lo que fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
En su momento, el Gobierno del Estado a través del secretario General de Gobierno Jorge Armando Gómez Arias intentó frenar la investigación mediante un juicio de amparo, pero no lo consiguió.
Tiempo después, el asunto fue remitido por incompetencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) y sería éste el que generó la segunda causa penal por la que Sandoval Castañeda es llevado a juicio.
La noche del miércoles 16, la FGE informó que fue cumplimentada la orden de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y delito electoral en agravio de la sociedad. Este jueves se efectuó la audiencia de formulación de imputación.
El ex gobernador está recluido en la prisión federal El Rincón relacionado con otras dos causas penales.
Aunque las investigaciones contra el ex gobernador se desglosan por diversos hechos, parecieran uno solo: sin límite el presunto mal uso de recursos públicos, el enriquecimiento.
Y las sorpresas son mayúsculas.
Un dato:
Durante el mes de junio del 2014, varios funcionarios recibieron cerca de siete millones de pesos en efectivo, cobrados en banco.
Había prisa. Una fecha estaba a la vista: la elección intermedia del seis de julio en que se eligieron presidentes municipales, diputados locales, regidores, por lo que el dinero debía circular para asegurar votos. El gobernador quería hacer ganar a sus candidatos priístas, principalmente a Roy Gómez, aspirante a la alcaldía de Tepic, pero perdió.
En aquel momento se habría argumentando que, precisamente por la veda electoral estaban suspendidos los créditos a pequeños comerciantes a través de tiendas PROSA, pero ello no fue impedimento: el dinero tenía que llegar, con el añadido de que debía decírsele a las personas que si el PRI ganaba habría más.
En el municipio de Tepic y algunos otros supuestamente se distribuyó ese dinero, pero tampoco se descarta que, en la rebatinga, una parte haya quedado en los bolsos de funcionarios. Y es que se sabe de un desorden para poder acreditar que el dinero fue entregado, porque hay falsedad de actas y firmas.
Hubo personas recibieron dinero no como crédito, sino como si fuera un regalo del gobernador.
Probado el cobro de millones por parte de funcionarios, para nada se descarta que haya más de estas operaciones ilícitas.
Como ya fue informado en este espacio en una nota anterior, varios ex funcionarios habrían señalado que únicamente atendían las órdenes del entonces gobernador.
Pasadas las 7:30 de la noche continuaba la audiencia de imputación; se prevé que la próxima semana se decidirá si es vinculado a proceso.
Restará entonces iniciar juicio por una tercera causa penal respecto al delito de falsificación de documentos, a propósito de 58 hectáreas ubicadas en Aután, municipio de San Blas, asunto por el que el Juzgado Mixto de esa cabecera ya habría dictado sentencia para que Sandoval haga entrega de las mismas.
En cuanto al delito de enriquecimiento ilícito y que tiene relación con el aseguramiento de varios inmuebles, continuaría bajo investigación puesto que un Juzgado de Distrito concedió una suspensión definitiva para que no se judicialice mientras no resuelva el fondo.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
