Meses antes de enero del 2021 en que Luis Manuel Hernández Escobedo fue aprehendido por dos causas penales, una por los probables delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, y la otra por el incendio en el entonces Edificio Administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), la Fiscalía General del Estado (FGE) debió haber iniciado una investigación formal respecto al origen de 46 millones 734 mil 550 pesos que supuestamente estarían relacionados con aquel.
Si bien desde la detención del dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores (SETUAN) trascendió que existiría al menos una tercera investigación por el uso que habría dado a millonarios recursos, esa parte, que se conozca, no ha llegado a juicio.
A la misma corresponde el bloqueo de sus cuentas bancarias desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ha sido abordado en este espacio por la polémica generada respecto a si tal medida debe conocerlo un Juzgado de Distrito de Amparo Penal, o bien de Amparo Civil y Administrativo.
Por una parte, el de Amparo Penal consideraría que el asunto no es de su competencia porque el acuerdo de bloqueo proviene de la UIF, mientras que el de Civil y Administrativo tampoco lo acepta en razón de que entre las autoridades responsables fueron señaladas la Fiscalía General del Estado (FGE), Fiscalía General de la República (FGR) y Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, y cuando menos de la primera de ellas se giraron oficios a bancos y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, haciendo referencia a 46 millones 734 mil 550 pesos probablemente relacionados con Hernández Escobedo.
El quejoso se encuentra recluido en la penal federal El Rincón con la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con datos recogidos, el líder sindical deduciría que el bloqueo bancario se originó por la petición de información sobre sus cuentas desde la Fiscalía local, lo que hace presumir que hay una investigación ministerial.
El fiscal Petronilo Díaz Ponce habría firmado las solicitudes de información con miras a conocer el historial de las cuentas o tarjetas de crédito del imputado, todos los movimientos bancarios, y la petición de bloqueo, insistiéndose que la misma sería hasta por 46 millones 734 mil 550 pesos.
Es posible que la postura de dos juzgados de Distrito de declararse incompetentes para conocer del tema genere que el expediente sea enviado a un Tribunal Colegiado y éste resuelva cuál juez debe atenderlo.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
