En la llamada Mega Operación Nuevo Nayarit, anunciada por el Gobierno del Estado el 19 de julio y que pretende la recuperación de más de 21 mil millones de pesos y al menos 70 inmuebles en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, a través de los cuales, se afirma, se simularon operaciones de compra-venta, aparece un empresario infaltable en estas historias: Héctor Cárdenas Curiel.
En la búsqueda de recuperación de los inmuebles, y que han partido del aseguramiento de los mismos, se prevé una larga disputa jurídica.
Por lo pronto, a través de un apoderado legal, Cárdenas Curiel combate mediante un juicio del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo Penal en Tepic, el aseguramiento y desposesión, ordenada dentro de la causa penal 62/2022 que sigue un juez en Bahía de Banderas, derivada de la carpeta de investigación NAY/TEP-III/RH-11258/2022 respecto a inmuebles de destino turístico Playa Punta Raza y Playa Punta Raza II, en el municipio de Compostela.
El primero de ellos constaría de una superficie de un millón 230 mil 152.6 metros cuadrados, mientras que Playa Punta Raza II, dividida en las fracciones A y B, alcanzaría un total de un millón 708 mil 461.29 metros cuadrados.
De acuerdo con datos recogidos, el juicio de garantías acompaña una copia de escritura pública ante la fe del notario público 92 del entonces Distrito Federal, “respecto de los inmuebles descritos en el escrito inicial de demanda, en donde se advierte que el quejoso tiene carácter de depositario de los mismos. Además, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación de la que derivan los actos reclamados.”
La fecha de la escritura es 29 de septiembre del 2008, que conduce al apogeo del gobierno de Ney González Sánchez, con quien desde aquellos años se le ha relacionado.
El Juzgado de Distrito concedió a Cárdenas Curiel la suspensión provisional para que las autoridades responsables “emisoras de los actos, levanten los sellos correspondientes y se otorgue a la parte quejosa la posesión de los inmuebles antes señalados. Los cuales la parte quejosa solo podrá disfrutar de ellos, pero no disponer de los mismos, hasta en tanto se resuelva en definitiva en el presente incidente de suspensión, siempre y cuando no se obstaculicen las labores que constitucionalmente tiene encomendados el agente del Ministerio Público, para la persecución de los delitos.”
Y agrega más adelante:
“Lo anterior no significa que tenga efectos restitutorios, propios de la sentencia de amparo, ya que el acto sigue existiendo, pues el inmueble continúa en su carácter de asegurado a disposición del juez de la causa mientras se resuelve el fondo del asunto. Por tanto, los efectos de la suspensión serán, en su caso, levantar los sellos y otorgar al quejoso la posesión sobre el inmueble asegurado, lo que se traduce en que podrá disfrutar de él pero no disponer del mismo.”
El Juzgado de Distrito ha solicitado que las autoridades involucradas rindan informes sobre la situación del caso, desde un juez de Control, la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Compostela, así como la del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre otras, por lo que a partir de ahí decidirá si concede la suspensión definitiva y, posteriormente, resolverá el asunto de fondo.
Si la investigación contra Cárdenas Curiel va en serio, seguramente a estas alturas se tendrían evidencias de su relación con personajes de los gobiernos de Ney González y Roberto Sandoval Castañeda.
Un ejemplo: en agosto del 2014 fue aprehendido y recluido en la penal de Tepic por un probable delito de fraude entre socios respecto a los terrenos de Punta Raza, sin embargo, durante “un puente” de mediados de noviembre de ese año fue exonerado por el Juzgado Segundo Mixto de Las Varas, a través de un recurso de desvanecimiento de datos.
La maniobra judicial siempre ha estado bajo sospecha, así como el papel que habría tenido el entonces fiscal Édgar Veytia.
Para marzo del 2016 circuló una fotografía sobre la inauguración de la carretera La Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita, en Bahía de Banderas, donde aparecen en el corte inaugural, entre otros, el gobernador Roberto Sandoval y Héctor Cárdenas, a pesar de los problemas legales del empresario.
Como se conoce, la citada vía de tránsito fue producto de uno de los cuestionados préstamos autorizados por el Congreso del Estado a Ney González en la parte final de su gobierno, y adjudicada precisamente a una empresa de Cárdenas Curiel.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
