«Dar a conocer la verdad y castigar a los responsables fortalece a las instituciones», dijo el mandatario izquierdista en rueda de prensa, luego de que este 18 de agosto se conociera el reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un «crimen de Estado».
El documento asegura que militares y funcionarios, por sus «acciones, omisiones o participación», permitieron el secuestro y muerte de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y seis personas a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
«Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país», añadió López Obrador en la ciudad de Tijuana (norte).
Previo a su difusión pública, el mandatario escuchó el informe el jueves junto con las familias de las víctimas. «Dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese. Les expresé mi dolor, mi tristeza», comentó.
La desaparición de los jóvenes normalistas se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional.
«Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país», añadió López Obrador en la ciudad de Tijuana (norte).
Previo a su difusión pública, el mandatario escuchó el informe el jueves junto con las familias de las víctimas. «Dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese. Les expresé mi dolor, mi tristeza», comentó.
La desaparición de los jóvenes normalistas se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional.
