Sin la protección política de otras épocas, a una semana del operativo de policía y posterior anuncio de que el ex gobernador Ney González Sánchez cuenta con dos órdenes de aprehensión, su esposa María del Rosario Mejía González ha sumado un segundo juicio de amparo, reclamando una posible orden de aprehensión, detención, privación de la libertad y actos de tortura psicológica.
A inicios de esta semana, en este espacio se informó de una primera demanda, al igual que su hija Rosario del Carmen Montserrat González Mejía, quien además es notaria suplente de su papá.
En el caso de González Mejía, según se ha conocido, varias autoridades señaladas como responsables ya negaron al Juzgado Tercero de Distrito que se cuente con algún procedimiento en su contra.
Respecto a “Charo” Mejía, el nuevo juicio fue admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Penal, que le ha concedido una suspensión provisional con una garantía de cinco mil pesos, lo que le permitirá saber con precisión si hay algún expediente penal que la involucre.
Generalmente, una suspensión provisional se concede para que, si existiera una orden de aprehensión, saber si la misma fue librada por un delito que amerite prisión preventiva de oficio, por lo que en ese supuesto, una vez que la persona es capturada, queda a disposición del Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, y a la del juez que conoce el expediente para la continuación del procedimiento.
Por el contrario, si el delito no amerita prisión preventiva oficiosa, la suspensión provisional será para que el individuo no sea aprehendido, aunque estará a disposición del juez de Control que conoce la causa penal.
Además de la nueva demanda de Charo Mejía, se ha sumado la de Florencio Román Messina, ex secretario de Administración en el gobierno de Ney González y quien, según anunció la semana pasada el fiscal General del Estado Petronilo Díaz Ponce Medrano, fue condenado por un Juzgado Penal del sistema tradicional a más de siete años de prisión por diversos delitos por mal uso de casi 90 millones de pesos.
Se trata de uno de los casos por los que se giró aprehensión contra el ex gobernador.
Florencio enfrenta ese asunto en libertad, por lo que la sentencia seguramente será remitida para su estudio a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante un recurso de apelación.
El amparo de Florencio, que rastrea la posible orden de captura, incluye a todos los juzgados del sistema oral distribuidos en Nayarit, además de diversas autoridades de la Fiscalía General del Estado.
El Juzgado Segundo de Distrito le concedió una suspensión provisional, con una garantía de cinco mil pesos.
Por su parte, el empresario Héctor Cárdenas Curiel, identificado como socio o prestanombres del ex gobernador, también ha reclamado que podría haberse emitido una orden para detenerlo.
Desde el inicio de la llamada Mega Operación Nuevo Nayarit, Cárdenas reapareció en defensa de inmuebles del destino turístico Playa Punta Raza y Playa Punta Raza II, en el municipio de Compostela,
señalado por la Fiscalía como uno de los sitios de negocios fraudulentos del ex gobernador.
Pero el tema también ha refrescado una situación ocurrida en el 2014, cuando Cárdenas Curiel fue aprehendido y estuvo detenido unos meses, sin embargo fue liberado bajo la sospecha de que altos funcionarios de esa época abogaron en su ayuda.
Ahora se indagaría si hubo magistrados que influyeron para que se ordenara la libertad desde el Juzgado de Las Varas, o si la decisión llegó de la propia Fiscalía del titular Édgar Veytia.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
