El ex gobernador Ney González Sánchez, el prófugo más buscado desde el nueve de noviembre y sobre quien pesan al menos dos órdenes de aprehensión, ha iniciado su defensa legal mediante juicios de amparo, ruta que ya iniciaron, se ha indicado en este espacio, su esposa María del Rosario Mejía González “Charo” y su hija Rosario del Carmen Montserrat González Mejía, y a las que posteriormente se sumó su hijo Ney Manuel González Mejía.
El lunes cinco, en el Juzgado Primero de Distrito de Amparo Penal en Tepic fue presentado un juicio a nombre de Ney González, en el que, según se asienta, reclama la inconstitucionalidad del artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nayarit y su aplicación mediante el dictado y ejecución de orden de cateo.
Ése mismo día, durante una conferencia encabezada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, el subfiscal General de Justicia Rodrigo Benítez Pérez detalló que el uno de diciembre, mediante una orden de cateo concedida por un juez de Control, se realizaron diversos aseguramientos, propiamente en la casa y la notaría pública del ex gobernador en la colonia Mololoa, anunciándose el hallazgo de más de 20 cajas con documentos, memorias usb, equipo de cómputo, discos compactos, que acreditarían que cuando Ney fue titular del Poder Ejecutivo realizó u ordenó un espionaje a distintas personas, entre ellas el propio Miguel Ángel Navarro, en el 2008.
Si tan sólo la revisión de dos cajas motivó la declaración del subfiscal, sobra imaginar lo que contiene todo el material asegurado, que seguirá bajo análisis y que podría generar nuevos delitos, puesto que se estaría ante la evidencia material de que González Sánchez participó en intervenciones telefónicas ilícitas.
De acuerdo con el subfiscal, hay carpetas con transcripciones literales de conversaciones, e incluso se localizó un arma de fuego y evidencias de que el ex gobernador cuenta con bienes en el estado de Jalisco y en Estados Unidos.
Esto, parece deducirse, es lo que, entre muchas otras cosas, generaría una preocupación mayor en el ex gobernador.
Puesto que el cateo llegó hasta lo más íntimo de su espacio material, ¿qué más guardaba?, ¿de qué alcance personal, íntimo o de tipo político de diversos personajes?
“Se niega y concede la suspensión provisional en los términos indicados”, ha señalado el Juzgado de Distrito, pero sin precisar si la suspensión podría tener un impacto en la revisión de las cajas.
El órgano judicial ha solicitado a diversas autoridades, como jueces de Control y de la Fiscalía General del Estado (FGE), que le rindan informes sobre el asunto. La audiencia constitucional para estudiar el fondo del caso podría celebrarse a finales de diciembre.
Ahora, cabe añadir que tampoco se precisa que la demanda tenga relación concreta con el cateo de la semana pasada puesto que, como se conoce, previamente se realizaron operativos que han conducido al aseguramiento de numerosos inmuebles relacionados con el ex gobernador en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela, San Blas y Tepic.
Ney, podría advertirse, buscaría combatir de fondo la situación del cateo; es decir, su reclamo versaría en la probable inconstitucionalidad del mismo.
Cabe recordar que hace meses, este reportero presentó un trabajo sobre el caso del ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pedro Antonio Enríquez Soto, que en una de las causas penales abiertas en su contra reclamó la inconstitucionalidad del citado artículo 255, y por lo que se le concedió amparo, aunque sigue en prisión por un expediente diverso.
De lo anunciado en la conferencia de prensa se concluiría que el equipo técnico y el personal que participaron en el espionaje, en realidad debieron ser destinados a tareas de seguridad.
* Esta información es publicada con autorización de su autor. Oscar Verdín Camacho publica sus notas en www.relatosnayarit.com
