El Gobierno del Estado de Nayarit y la Fiscalía General de la entidad hicieron públicos sendos comunicados este lunes, reafirmando su compromiso con la legalidad y la protección de los actos jurídicos.
Ambas instituciones coincidieron en señalar que la función notarial es un servicio público de orden social y jurídico, de alto interés, cuya correcta ejecución brinda certeza, autenticidad y seguridad jurídica a las familias nayaritas.
El gobernador constitucional, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, reafirmó el compromiso de su administración con la legalidad. Subrayó que los notarios públicos tienen la obligación de garantizar que cada persona ejerza sus derechos, celebre actos jurídicos válidos y pueda disponer libremente de su patrimonio sin ningún riesgo.
Desde el Gobierno estatal se seguirán implementando los procedimientos administrativos necesarios para prevenir y sancionar cualquier conducta que afecte a la ciudadanía. El Ejecutivo fue enfático al declarar que no se permitirá que la función notarial sea utilizada como instrumento para cometer atropellos en perjuicio de la sociedad nayarita.
Por su parte, la Fiscalía General del estado precisó que no existe persecución alguna en contra del gremio notarial, ni acciones orientadas a desacreditar su labor. La institución afirmó que actúa exclusivamente conforme a las denuncias y querellas que la ciudadanía presenta, en estricto cumplimiento de la ley.
Subrayó que todos los notarios que desempeñan su labor con apego al marco legal pueden tener la plena confianza de que no son ni serán objeto de investigación. Sin embargo, la Fiscalía General advirtió que no puede ni debe ser omisa ante denuncias relacionadas con posibles afectaciones patrimoniales o con un uso indebido de la fe pública.
La Constitución obliga a investigar toda conducta que pudiere ser delictiva, sin importar la profesión o posición social de la persona señalada. La ley se aplica a todas las personas por igual, sin excepciones ni privilegios. La ley debe responder conforme a derecho, como corresponde en un Estado democrático de legalidad, y en Nayarit no habrá impunidad, precisa en el documento.
