Milton Colmenares
Este martes, los trabajadores de los cinco juzgados civiles de Puerto Vallarta iniciarán una huelga en protesta por las condiciones laborales adversas que enfrentan desde su reubicación, en febrero pasado, a un edificio contiguo al Penal de Ixtapa. La mudanza, motivada por la falta de inversión del Poder Judicial del Estado, ha generado múltiples carencias que afectan tanto al personal como a la impartición de justicia.
Desde su traslado, los empleados carecen de servicios básicos: no hay contrato de luz, por lo que dependen de conexiones improvisadas; no cuentan con internet ni líneas telefónicas; los espacios de trabajo se redujeron a la mitad; y las temperaturas extremas son insoportables, ya que los aires acondicionados instalados no pueden utilizarse. Anteriormente, los juzgados operaban en la Unidad Municipal Administrativa, pero fueron trasladados a un inmueble que albergó juzgados penales hace más de una década. En lugar de construir nuevas instalaciones, como se ha hecho en otros municipios, el Poder Judicial optó por remodelar este edificio abandonado, una medida que ha resultado insuficiente.
A estas dificultades se suma un cobro diario de 30 pesos por estacionarse en el lote del Penal de Ixtapa, sin que la administración haya transparentado el destino de dichos ingresos. Este gasto, que no exime a los empleados del Poder Judicial, representa una carga económica adicional e injustificada.
La reducción de espacios también ha impactado a los ciudadanos, quienes deben ingresar de uno en uno para ser atendidos, lo que retrasa y complica los procesos judiciales. Ante esta situación, jueces y personal de los juzgados han decidido manifestarse para exigir al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco una solución urgente. Advierten que las condiciones actuales no solo afectan su labor, sino que comprometen gravemente la impartición de justicia en Puerto Vallarta.
