No hay acuerdo entre familia del ciclista fallecido y el conductor del cañero

* La Fiscalía desmiente que se haya otorgado perdón legal y aclara que el proceso continúa en curso.

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Tepic.- La Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió este lunes un posicionamiento oficial tras el bloqueo protagonizado por productores de caña en las inmediaciones de su sede, como protesta por un hecho de tránsito en el que un camión cañero arrolló y provocó la muerte de un ciclista.

La institución advirtió que la obstrucción de instalaciones esenciales y el cierre de vías públicas afecta directamente los derechos de terceras personas, como el acceso a servicios de justicia, la atención de emergencias y la libre circulación. Además, alertó que dichas acciones podrían configurar delitos como ataques a las vías de comunicación e incluso apología del delito, por lo cual ya se investigan los hechos.

Sobre el caso que originó la manifestación, la Fiscalía informó que el proceso penal continúa en curso, bajo el principio de debido proceso. Aunque el delito imputado no es doloso —lo que legalmente permitiría un cambio de medida cautelar o acuerdo reparatorio—, aclaró que actualmente no existen las condiciones para ello.
En este sentido, la autoridad subrayó:

•No se ha otorgado perdón legal por parte de la familia del ciclista, como se ha difundido erróneamente.

•Tampoco se ha designado formalmente a un representante legal de la víctima, figura indispensable para iniciar un procedimiento de conciliación o recibir indemnización.

•No se ha recibido una solicitud formal, ni acercamiento legalmente válido por parte de los manifestantes o sus representantes jurídicos.

La Fiscalía destacó que será un Juez de Control quien determine lo procedente en el momento oportuno, una vez que se cumplan los requisitos procesales y legales necesarios.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la verdad, la legalidad y la justicia, así como con la reparación del daño cuando sea jurídicamente procedente. Hizo un llamado respetuoso a encauzar cualquier petición a través de los mecanismos legales, lo cual permitiría avanzar hacia una solución con pleno sustento en el Estado de Derecho.