Tepic, Nayarit.- Francisco Haro Beas, conocido también como Pancho Haro y actual secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN), se encuentra en el centro de la controversia por la falta de transparencia en el manejo de aproximadamente 70 millones de pesos durante su gestión.
Los recursos, derivados de cuotas sindicales, rentas de locales y apoyos institucionales, no han sido acompañados por informes detallados en los últimos seis años. Esta omisión ha generado una fuerte desconfianza entre los agremiados, quienes exigen rendición de cuentas claras y conforme a la ley.
A los cuestionamientos financieros se suman diversas prácticas señaladas como irregulares. Entre ellas, la exclusión de docentes que solicitaron su reincorporación al sindicato en tiempo y forma, lo cual presuntamente busca impedir su participación en las elecciones sindicales en curso, de acuerdo a información obtenida por NTV+ de académicos denunciantes.
También se denuncia la asignación de más de cien reclasificaciones fuera de convocatoria, muchas de ellas otorgadas a exdirectores y exsecretarios seccionales. Estas decisiones habrían contado con la intervención de su sobrino, Juan Carlos Mariscal Haro, quien fue secretario de Finanzas en la administración rectoral anterior.
En la Facultad de Contaduría y Administración, Pancho Haro, ha sido señalado por concentrar una red de influencia política y administrativa. Denuncias internas apuntan que familiares, amigos cercanos e incluso su esposa, quien enfrenta acusaciones por ausentismo y baja productividad, ocupan plazas con altos sueldos y escasa carga de trabajo.
Además, su participación activa a favor de un candidato en el actual proceso electoral del sindicato ha sido criticada por diversos sectores, al considerar que vulnera la equidad y transparencia del proceso.
“Es un recurso barato que insulta la inteligencia de un gremio como el de los docentes universitarios. Cree que con eso vamos a olvidar lo mal administrado que mantuvo el SPAUAN durante seis años”, expresaron académicos denunciantes a NTV+.
La comunidad universitaria ha reiterado la necesidad de una auditoría independiente y una rendición de cuentas basada en la Ley General de Transparencia, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El llamado es claro: garantizar la legalidad, transparencia y renovación democrática dentro del sindicato.
