El Congreso de Tamaulipas aprobó que el gobernador saliente junto con varios de sus altos funcionarios tengan protección durante otros seis años pagados con los recursos del estado.
A iniciativa del diputado Florentino Sáenz, se propuso elevar a rango constitucional el otorgamiento de medias de seguridad u protección servidores y exservidores públicos cuando por motivo de sus funciones se encuentre en riesgo.
Con esta reforma, estarían protegidos por el mismo tiempo en que estuvieron en el cargo público el Gobernador y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia.
El actual gobernador, Francisco Cabeza de Vaca, es investigado por acusaciones en su contra de delincuencia organizada y lavado de dinero y su mandato termina el próximo 2022.
