Tepic.- Con votación unánime la Trigésima Segunda Legislatura aprobó la Ley de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias, resolución considerada histórica por la propia legislatura, cuyo objetivo es promover y establecer políticas públicas que garanticen respeto de sus derechos y dignidad de migrantes nayaritas radicados en Estados Unidos.
Esta propuesta presentada por el diputado Ismael Duñalds Ventura integrada por siete títulos y 96 artículos, también regulará la organización y el funcionamiento del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.
La nueva ley contempla «reconocer la situación migratoria que vive la entidad y la necesidad imperativa de poder hacer efectivos los derechos de todas las personas migrantes y sus familias, dada la condición migratoria que poseen».
De acuerdo con el contenido de la ley a las personas migrantes les son reconocidos todos los derechos que enuncia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el derecho a la nacionalidad, al libre tránsito, a la seguridad jurídica, al debido proceso, derecho a la atención consular, a no ser discriminado, al asilo, al refugio, a la protección de la unidad familiar, a la dignidad humana, a no ser criminalizado, a ser alojados en una estación migratoria, a un alojamiento digno, derecho a no ser incomunicado, a un traductor, a no ser detenidos en albergues, a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional, el respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad.
En esta misma Sesión Pública Ordinaria las diputadas y diputados aprobaron quitar el fuero a los ciudadanos Pedro Antonio Enríquez Soto, Jorge Ramón Marmolejo Coronado, Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez para que queden a disposición de las autoridades para ser juzgados como probables responsables de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, delito cometido en la custodia de documentos, tráfico de influencias, falsificación de documentos en general, y fraude especifico en perjuicio de la sociedad; a Arturo Alonso Martínez Sequera y de quien más resulte ofendido.
